Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por proclamar «falsamente» la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
«En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder», declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela calificó como un «nuevo crimen de agresión» las sanciones anunciadas este jueves por Estados Unidos contra 16 funcionarios del país caribeño, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento, por proclamar «falsamente» al presidente Nicolás Maduro como ganador de los comicios de julio.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano rechazó, en «los términos más enérgicos», este «nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado».
En total, el Departamento del Tesoro sancionó a 16 personas «afines a Maduro», a quienes acusa de haber «impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos».
Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras. El Tesoro afirma que Caryslia Rodríguez, en tanto que presidenta del alto tribunal, certificó la «afirmación infundada de que Maduro había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado».
También sancionó a los magistrados Fanny Beatriz Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, al que Estados Unidos considera como el ganador de las elecciones.
Asimismo, designó a Rosalba Gil Pacheco, del CNE, por «obstruir la democracia» y al secretario general en funciones del ente electoral, Antonio José Meneses, por introducir «irregularidades en el registro electoral».
Destacan también en la lista de sancionados el comandante de las Fuerzas Armadas Domingo Hernández y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Estrada, a quienes acusa de reprimir a la población venezolana.
Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de «funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión», aunque no reveló el número ni sus identidades.
«Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela», advirtió Blinken en el comunicado.
El CNE proclamó la reelección de Maduro en las elecciones del 28 de julio sin publicar las actas de votación, pero la oposición reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió recientemente en España.
Las fuentes estadounidenses sostienen que González Urrutia «sigue siendo una voz indiscutible para la paz y el cambio democrático en Venezuela»
