Se acerca el final del año y surge nuevamente la incógnita sobre la continuidad de la Comisión Delegada Legislativa, la cual desde 2021 ha extendido la vigencia de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, de mayoría opositora. Esto se basa en el Estatuto de Transición a la Democracia aprobado en 2019 con reformas sucesivas.
La Comisión Delegada ha tenido una única sesión luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las cuales el Poder Electoral proclamó a Nicolás Maduro como vencedor sin publicar los resultados ni las actas de votación mesa por mesa. La oposición denunció fraude y reconoció a Edmundo González como presidente electo.
Diputados de 2015 han mencionado que la represión política desatada después de las elecciones ha tenido un impacto significativo, con cinco parlamentarios detenidos y otros en la clandestinidad o exilio. Sin embargo, aseguran que la Delegada continúa trabajando y que la discusión sobre su continuidad, centrada en el control de activos en el exterior, debe llevarse a cabo.
«Esperando un consenso»
El presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González (MUD), mencionó que se ha abierto un compás de espera, generando expectativas sobre posibles conversaciones en torno a una transición que debería haberse dado tras las elecciones del 28 de julio. González expresó que la decisión sobre la continuidad será informada por la directiva de la AN, liderada por la presidenta Dinorah Figuera de Primero Justicia (PJ), basada en un consenso entre los parlamentarios y los factores políticos.
La Comisión Delegada, presidida por Figuera desde 2023, cuenta con el respaldo de países como Inglaterra y Estados Unidos, el principal responsable de las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto permite mantener el control de activos en el exterior como Citgo y el oro depositado en el Reino Unido, fuera del alcance de la administración de Maduro.
La discusión sobre la continuidad, según el diputado de 2015, Rafael Veloz (Voluntad Popular), también está vinculada a la política exterior del nuevo gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero de 2025.
Una sesión postelectoral
La última sesión de la AN de 2015, convocada por la Delegada, tuvo lugar el 11 de agosto. En dicha sesión se abordó un debate sobre los resultados de las elecciones presidenciales y se rechazó la represión del gobierno de Maduro y las detenciones de diputados.
Antes de esta sesión, el 17 de julio, la directiva integrada por Marianela Fernández (UNT) y Auristela Vásquez (AD), junto a Figuera, agradeció al gobierno de EE. UU. por reconocer y validar los pasaportes venezolanos vencidos por hasta 10 años. Luego del 11 de agosto, no se han celebrado más sesiones, pero la Delegada ha agradecido los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos y el reconocimiento de Edmundo González por parte del Congreso de Colombia.
El chavismo hace amenazas
La AN de 2020 ha emitido advertencias anticipándose a la posible continuidad. El 22 de octubre, la plenaria aprobó un informe sobre la presunta participación del Parlamento de 2015, el gobierno interino fallecido y los partidos políticos implicados en lo que el chavismo ha llamado el «despojo y robo» de la empresa Citgo, un activo venezolano en EE. UU.
En este informe se mencionan 351 involucrados, la mayoría de ellos diputados de 2015, y se solicita al Ministerio Público la emisión de órdenes de captura y la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. También se insta a la Contraloría General de la República a sancionar a los responsables con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El chavismo, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha sido enfático al afirmar que no habrá perdón para los opositores que no reconozcan a Maduro como presidente en ejercicio. Desde el 29 de julio, se han registrado 1.828 arrestos, incluidos 69 adolescentes y 243 mujeres, según el Foro Penal.
Diputados en detención
Entre los diputados detenidos después de las elecciones se encuentran Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular; Williams Dávila (AD), Américo De Grazia y Biagio Pilieri, mientras que la diputada de Vente Venezuela, Dignora Hernández, fue arrestada en marzo de 2024. En todos los casos, se han denunciado violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas e incomunicación.
Además, la directiva completa de la Comisión Delegada, es decir, Figuera, Fernández y Vásquez, se encuentran en el exilio. Existen órdenes de captura solicitadas por el fiscal Tarek William Saab, con alerta roja a Interpol, por supuesta usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La medida también incluye al secretario José Antonio Figueredo.
