¿Niños de segunda clase? Chile congeló 3.574 reencuentros haitianos
Por Braulio Jatar Alonso
Hay cifras que un Estado no debería escuchar en un foro internacional. El 27 de octubre, en Ciudad de Panamá, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Chile mantiene suspendidas 3.574 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas. No es un cálculo de activistas: es el número que el propio Servicio Nacional de Migraciones reconoció en septiembre.
Detrás de cada expediente hay un padre o una madre que vive y trabaja en Chile, y un hijo que espera en uno de los países más violentos del hemisferio. Y la espera no es nueva: entre 2022 y 2024 estos trámites tardaron en promedio 330 días para la niñez haitiana. Casi un año de infancia consumido por un expediente, antes de que el trámite simplemente se detuviera.
Nadie serio puede negar que el sistema falló. La Contraloría constató incumplimientos graves: el Sermig recibía datos sin verificar domicilios ni cédulas, y un simple memorándum rebajó los requisitos documentales para ciudadanos haitianos. Hubo vuelos chárter con decenas de niños a cargo de un solo adulto. También hubo exageración: los 64 niños descritos como inubicables fueron todos localizados por la PDI.
La respuesta fue pasar de un extremo al otro. En agosto de 2025 Migraciones suspendió las solicitudes haitianas, y desde ese año Chile no tiene cónsul en Puerto Príncipe. Se cerró la puerta y se retiró a quien tenía la llave. Las cifras tampoco cuadran: en junio el director del Sermig habló de más de 10 mil solicitudes suspendidas; en septiembre, de 3.574. Las familias merecen saber qué pasó con la diferencia.
Como abogado que tramita expedientes migratorios a diario, quiero ser preciso: la suspensión indefinida no existe en nuestro ordenamiento. La Ley 19.880 obliga a la Administración a resolver expresamente y fija plazos máximos. La Ley 21.325 reconoce la reunificación familiar y el interés superior del niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño exige atender estas solicitudes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Un servicio puede pedir antecedentes, rechazar con fundamento o denunciar fraudes. Lo que no puede es congelar miles de vidas sin plazo ni decisión.
El argumento oficial es atendible: sin cónsul y con documentos poco confiables, es difícil verificar la filiación. Pero esa dificultad obliga a buscar otros medios de prueba, no a suspender. Existen alternativas conocidas: ADN voluntario, entrevistas en consulados de terceros países, cooperación con ACNUR, OIM o UNICEF y cruce con los registros de los padres ya residentes.
Propongo lo básico: un calendario público para resolver los 3.574 casos, con prioridad para los niños más pequeños; un protocolo de prueba alternativa de filiación; seguimiento obligatorio de cada niño tras su ingreso, coordinado entre Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez; y reportes periódicos de casos pendientes y resueltos. Mientras tanto, las familias pueden reclamar por la vía administrativa y, si la omisión se vuelve arbitraria, mediante recurso de protección.
Chile tiene derecho a ordenar su migración y el deber de perseguir a quienes lucraron con niños. Pero, como dijo Quesille, la protección de la niñez no puede depender de cada contingencia migratoria. Los niños haitianos no eligieron el desorden de ayer ni la parsimonia de hoy. Solo quieren volver a vivir con sus padres.
Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, director de Reporte Confidencial y autor. Presidente de ILC Consultores Chile/Venezuela. Escribe para El Tiempo Latino (Washington D.C.), NotiAmerica, y es entrevistado frecuente en varios medios.
