El Servicio Jesuita a Migrantes ha manifestado su rechazo a la aprobación por parte del gobierno peruano de la expulsión exprés de personas en movilidad, calificando esta medida como contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En un comunicado, el Servicio Jesuita a Migrantes advierte que esta medida podría dar lugar a procesos de expulsión colectiva, lo cual está prohibido según el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, señala que esta medida no respeta el interés superior de los niños y niñas peruanos cuyos padres sean extranjeros.
El Servicio Jesuita a Migrantes hace un llamado al gobierno de Dina Boluarte para que respete el debido proceso en los casos de expulsiones y ponga fin a las políticas regresivas que vulneran los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en Perú.
Es importante recordar que las personas que solicitan medidas de protección tienen respaldo legal a nivel internacional, y que Perú debe cumplir con estas leyes más allá de las condiciones de entrada al país.
En otro orden de ideas, Perú ha endurecido su ley de migración, lo que permite al gobierno acelerar la expulsión de migrantes que ingresen de forma ilegal al país, así como de aquellos que se consideren que violan las normas de seguridad y el orden interno.
La norma aprobada modifica la ley de migración y fue aprobada el pasado martes 14 de noviembre. El presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Boluarte, Alberto Otárola, ha expresado que los migrantes sin documentos deben regresar a sus países.
Esta norma establece sanciones para las empresas de transporte terrestre o marítimo que trasladen a migrantes sin documentos, así como para aquellas personas que ingresen al país sin pasar por los controles migratorios correspondientes.
La Superintendencia de Migraciones informó que en los últimos seis meses se han recibido 214.633 solicitudes para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el cual permite regularizar la situación migratoria de los extranjeros. La mayoría de las solicitudes son de venezolanos, seguidos por colombianos, cubanos, ecuatorianos y otros.
Una de las condiciones para acceder a este permiso es no tener antecedentes penales, policiales o judiciales en Perú o en el extranjero, ni tener alertas en el sistema de la organización de Policía Internacional (Interpol).
Con información de Efe.
Con información de Efecto Cocuyo
