Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos, comenzando en Springfield, Ohio, con destino a Venezuela. Según sus declaraciones, esta acción se enfocará en expulsar a los migrantes venezolanos ilegales o vinculados a actividades criminales. El mandatario electo tiene previsto implementar medidas más estrictas en los controles fronterizos, lo que podría afectar programas humanitarios temporales destinados a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Los Ángeles, anticipa que el programa de «parole in place» podría ser revocado una vez Trump asuma la presidencia. Este programa otorgaba permisos legales temporales a migrantes vulnerables que huían de sus países de origen. Además, el Gobierno de Biden no extenderá los permisos legales concedidos bajo este programa, afectando a miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Otra medida que Trump podría tomar es la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), instaurado en la década de 1990 por George W. Bush. Este beneficio protege a ciudadanos de países en condiciones inseguras, como es el caso de los venezolanos, que constituyen el grupo más grande de beneficiarios. La eliminación del TPS llevaría a la pérdida de estatus legal y posibles deportaciones, generando separaciones familiares y incertidumbre.
En medio de estas preocupaciones, la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) ha instado a los gobiernos, especialmente al de Estados Unidos, a implementar políticas migratorias que respeten los derechos humanos y garanticen el acceso a protección y vías legales para los migrantes. Se cuestiona si la próxima administración liderada por Donald Trump se enfocará en deportaciones masivas y reducción de vías legales temporales, lo que podría tener implicaciones legales y generar demandas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
