La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) llevó a cabo una audiencia pública contra Venezuela el martes, para abordar la presunta responsabilidad del Estado en la privación arbitraria de la libertad y torturas contra 14 funcionarios de la Policía Municipal.
Según la denuncia presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Alfredo José Chirinos Salamanca contra Venezuela, el Estado habría violado el derecho a la libertad y a la integridad personal de las víctimas al mantenerlas detenidas de manera arbitraria e ilegal por períodos que oscilan entre los 17 meses y los 2 años. Durante este tiempo, las personas habrían sufrido torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los funcionarios fueron arrestados por presunta complicidad en el homicidio del periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo. A pesar de que se emitieron órdenes de liberación para las víctimas, estas continuaron detenidas y cinco de ellas fueron sometidas a torturas para obtener confesiones, según explicó el vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero, ante los jueces de la CorteIDH.
Doce de las víctimas fueron liberadas en diciembre de 2017, pero Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos permanecieron detenidos, sufriendo diversas violaciones a sus derechos humanos. La CIDH señaló que este caso es relevante porque implica un aspecto importante del orden público interamericano, especialmente después de que Venezuela denunciara la Convención Americana en 2012.
El representante de las presuntas víctimas, Carlos Briceño, lamentó la ausencia del Estado en la audiencia y destacó que este caso representa la primera oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre hechos ocurridos en Venezuela después de la denuncia de la Convención Interamericana en 2012.
En resumen, la audiencia pública de la CorteIDH contra Venezuela por la privación arbitraria de la libertad y torturas contra funcionarios de la Policía Municipal ha generado interés tanto a nivel nacional como internacional, ya que pone en tela de juicio la actuación del Estado en este caso específico.
