La ONG Acceso a la Justicia advierte que el STJ se tomó atribuciones que no tiene respecto a la Cruz Roja, al punto de que puede cambiar sus objetivos e incluso puede dejar de ser neutral. «Primero fueron los partidos políticos, luego las organizaciones gremiales y sindicales como la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela (FCBV) y ahora el Tribunal Supremo de Justicia tiene en su mira a las agrupaciones sociales y caritativas. Al menos ese es el sabor de boca que deja la decisión que tomó el máximo juzgado de destituir a la directiva de la Cruz Roja Venezolana, reemplazarla por el empresario Ricardo Cusanno, y ordenar, además, su reestructuración».
El llamado de alerta lo hace la ONG Acceso a la Justicia, al hacer un análisis de la 1.057 de la Sala Constitucional emitida por el TSJ este 4 de agosto. «Es de sumo interés nacional garantizar que esta institución humanitaria continúe su pleno funcionamiento y por ende asegurar que las actuaciones del Comité Directivo Nacional Venezolano se encuentren en congruencia con el espíritu y los principios que propugna esa prestigiosa institución de larga trayectoria a nivel global, asegurando que su gestión del referido comité sea direccionada al servicio de la población venezolana», señala el fallo como argumento para destituir a la directiva encabezada por Mario Villarroel.
Recuerda la ONG que el TSJ actuó apenas poco tiempo después de que el Fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab anunciara una investigación contra Villarroel. En este sentido, Acceso a la Justicia destaca que «el Ministerio Público presentó al TSJ el testimonio, anónimo, de ocho trabajadores y voluntarios de la institución, los cuales acusaban a Villarroel y a su equipo de maltratarlos, hostigarlos y de disponer de donaciones para la institución para usos particulares».
De acuerdo con el fallo, el nuevo presidente de la Cruz Roja no solo deberá «garantizar la continuidad del servicio» de la institución y «administrar y ejercer la guarda» de sus bienes, sino que, además deberá «efectuar una evaluación y reorganización interna de la Cruz Roja Venezolana a los fines de modernizar su estructura y funcionamiento», ajustar sus normas al marco legal y convocar elecciones internas. Para estas últimas dos tareas la Sala Constitucional le da a la junta un año, el cual de entrada advierte «podrá ser prorrogado» por otro año.
Sin embargo, hay otro hecho llamativo y es que el máximo juzgado en esta ocasión no designó una junta directiva como tal, sino que se limitó a nombrar a Cusanno y a él le dio siete días hábiles, tras la notificación de su nombramiento, para proceder a «la designación de los miembros que integrarán la Junta Reestructuradora ad hoc». ¿Cuántas personas conformarán esa instancia? La Sala no lo aclaró. ¿Cuál será el criterio que deberán cumplir? La instancia solo dijo que deberán ser personas de «alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional». Cusanno, al aceptar su encargo, prometió que en las próximas horas «será conformada una junta plural, independiente y proba, que tendrá como primer objetivo proteger la integridad de los voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja venezolana, e iniciar un proceso de evaluación, reestructuración y modernización de la Institución que culmine en una elección transparente de sus autoridades».
Para la ONG, «la intervención judicial es el último golpe al maltrecho derecho a la asociación en Venezuela y comprueba que las autoridades venezolanas no han cesado en sus intenciones de controlar a la sociedad civil organizada». Advierte que «no se puede olvidar que días antes de este fallo, la Sala Electoral dejó sin efecto las elecciones de Fedecámaras en Bolívar y suspendió las elecciones de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira». Considera que «la imposición de una directiva va en contra de al menos dos de los siete principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja: el de neutralidad, que establece que ‘con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico'». A esto se agrega que de independencia, el cual señala: «el movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento». Y, por último, la medida «no parece estar en sintonía con el numeral 4 del artículo 4 del mismo instrumento, el cual estipula que una sociedad nacional debe ‘tener un estatuto de autonomía que le permita desplegar su actividad de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento'».
De este modo, lo más grave, según el análisis de la ONG, «es que la Sala, sin que la Fiscalía se lo solicitara, ordenó la reestructuración de la organización, lo que es algo muy peligroso para la libertad asociación, pues si en una organización hay problemas, deben ser sus miembros los que decidan como deben solucionarlo». Recuerda que «la Cruz Roja venezolana está constituida como una asociación civil, y por tanto, deben ser sus asociados los que deben tomar las decisiones que impidan, si fuere el caso, la comisión de irregularidades y no mediante imposiciones una junta impuesta desde el estado venezolano».
En consecuencia, «el que se tomen presuntas irregularidades en una asociación, ya no para cambiar a sus dirigentes, sino para cambiar a la propia organización, es la negación del derecho humano a la libertad de asociación, pues deja de lado a los que la constituyeron y se impone la voluntad de un estado que persigue y reprime a las organizaciones de la sociedad civil». Y se añade que «de este modo, no solo se cambian autoridades sino que se transforma a la asociación intervenida en algo distinto a los que sus miembros había decidido, lo que hace que este caso coincide con lo que ocurrió con la Cruz Roja de Nicaragua, donde se impuso una nueva estructura, solo que con formas diferentes».
Según Acceso a la Justicia, «la intervención de la Cruz Roja, como ha ocurrido con otras instancias, ha venido precedida de una campaña de descrédito hacia la institución y a sus autoridades» que comenzaron con las declaraciones de Diosdado Cabello, quien denunció a Villarroel por estar al frente de «una mafia». «Resulta llamativo que una de las razones por las cuales Cabello cuestionó a Villarroel haya sido su larga estancia en el cargo y por incurrir en nepotismo (su hijo Miguel, era el segundo vicepresidente de la Cruz Roja y es vicepresidente de la Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja)». Recuerda que «el propio chavismo impulsó la enmienda constitucional que en 2009 abrió las puertas para la reelección indefinida de cargos públicos y bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro la práctica de designar o impulsar la elección de familiares en cargos públicos se ha vuelto recurrente».
Finalmente, la organización advierte que «lo ocurrido en la Cruz Roja no es solo otra intervención más, sino un grave precedente para el resto de la sociedad civil organizada. ¿La razón? El TSJ no solo removió a unos directivos e impuso otro nuevo, sino que le ordenó
