En el acuerdo político alcanzado en Barbados, se establecieron 12 garantías electorales que las delegaciones del oficialismo y la oposición se comprometieron a cumplir. Sin embargo, hasta la fecha no se han registrado avances significativos en este tema, a pesar de haber transcurrido más de un mes desde la firma del documento el 17 de octubre de este año.
Inicialmente, se atribuyó el retraso en la implementación de estas garantías al referendo consultivo sobre el Esequibo, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba enfocado en la organización de este proceso. Sin embargo, una semana después de la consulta, no se han dado a conocer nuevas jornadas de actualización del Registro Electoral ni se ha anunciado la fecha exacta de la elección presidencial programada para el segundo semestre de 2024.
Las partes involucradas en las negociaciones han optado por mantener un perfil bajo y manejar la situación con hermetismo, argumentando que «en medio de una negociación en curso, la mejor declaración es la que no se hace». Hasta ahora, los gestos de «buena voluntad» por parte del oficialismo se han limitado a no implosionar las elecciones primarias del 22 de octubre. Sin embargo, posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia para «suspender todos los efectos» de este acto político.
En octubre se llevó a cabo una breve y accidentada jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral, que duró solo 16 días y fue suspendida debido al referendo. El rector principal del CNE, Juan Carlos Delpino, presentó un informe a la Comisión de Registro Civil y Electoral en el que señalaba diversas irregularidades, como la falta de información sobre la ubicación de los puntos de inscripción, la falta de uniformidad en los requisitos y el incumplimiento de los horarios de funcionamiento en algunos lugares. Además, se observó que en algunos casos, los agentes encargados solo atendían las solicitudes relacionadas con la creación de nuevos centros de votación.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó sobre otra jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral que tuvo lugar del 7 al 22 de octubre. Según datos oficiales, durante este período se registraron 139,784 nuevos inscritos y 386,877 cambios de ubicación. Sin embargo, se estima que aún hay un número considerable de personas rezagadas que necesitan inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral para poder votar. Se calcula que aproximadamente 6 millones de venezolanos en el país y al menos 4 millones en el extranjero se encuentran en esta situación, según organizaciones nacionales e internacionales de observación electoral.
El último gesto del chavismo fue permitir un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones políticas. Sin embargo, algunos analistas lo ven como un «caramelo envenenado», ya que no garantiza que el Tribunal Supremo de Justicia, cuya independencia ha sido cuestionada, imparta justicia y anule las medidas arbitrarias. Además, se autorizó la entrada al país de representantes del Centro Carter para explorar la posibilidad de una observación internacional, pero se cerró la puerta a la misión de la Unión Europea.
Recientemente, el Ministerio Público emitió órdenes de arresto contra uno de los organizadores de las elecciones primarias, Roberto Abdul, quien se encuentra detenido e incomunicado desde hace 6 días. También se emitieron órdenes de arresto contra tres colaboradores cercanos de la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado. Estos acontecimientos han sido interpretados por la delegación opositora como un atentado contra el acuerdo de Barbados.
Ante esta situación, representantes de diferentes partidos políticos han expresado su preocupación y han calificado el acuerdo como «al borde del fracaso». Algunos han cuestionado el incumplimiento del gobierno de Maduro en cuanto a la liberación de presos políticos y las inhabilitaciones, lo que dificulta evaluar el estado actual del acuerdo político de Barbados y su futuro.
Las 12 garantías electorales establecidas en el acuerdo político de Barbados incluyen, entre otras cosas, la actualización del Registro Electoral en el extranjero, el cese de las inhabilitaciones políticas y la fijación de una fecha para la elección presidencial. Estas garantías buscan asegurar un proceso electoral transparente y justo.
