Los migrantes venezolanos como ficha de negociación
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, anunció el martes 30 de enero que a partir del 13 de febrero se revocarán los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos deportados o no admitidos por Estados Unidos.
Estas palabras generaron fuertes críticas en las redes sociales y diversos activistas en pro de los derechos de los migrantes condenaron el mensaje publicado por Rodríguez.
En su publicación, la vicepresidenta venezolana argumentó que esta medida sería en respuesta al «grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EE.UU.», refiriéndose a las declaraciones del Portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, sobre la revocación de alivios en las sanciones de su gobierno hacia el sector minero venezolano.
Aunque para algunos, el mensaje de Delcy Rodríguez es una muestra de cómo trabajan los políticos, para otras personas es simplemente reconocer que no hay un interés real en atender a los migrantes venezolanos, sino que son utilizados como fichas de cambio entre Venezuela y Estados Unidos.
«El pronunciamiento emitido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez es muy condenable», expresó Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). «Es bastante triste que quienes representan al país de origen muestren públicamente esa idea de usar a las personas como fichas de negociación», añadió.
La directora de Wola publicó en sus redes sociales un hilo explicativo en el que hizo el cálculo de la cantidad de vuelos de deportación de Estados Unidos hacia Venezuela. Entre octubre de 2023 y el 21 de enero del presente año se realizaron 14 vuelos con aproximadamente 150 personas por vuelo, lo que daría un total estimado de 2,100 personas deportadas. Mientras tanto, solo en diciembre de 2023, 57,869 migrantes venezolanos llegaron a la frontera de EE.UU.
«Cuando las razones por las que una persona o una familia se ven obligadas a salir de su comunidad, las políticas que buscan la disuasión casi siempre tienen un efecto temporal. La gente va a seguir migrando si no tiene una manera de evitar la violencia, si no tiene una manera de enviar a sus hijos a la escuela, si no tiene una forma de poder tener los alimentos mínimos en su familia», analizó la directora de Wola.
«La necesidad de hacer esa migración es tan grande para algunas familias que esas medidas no terminan disuadiendo», explicó Jiménez Sandoval.
Sin embargo, indicó que «ningún actor político debe usar el tema de derechos humanos, de personas en necesidad de protección internacional, de personas en situación de migración forzada como fichas de negociación. Toda persona tiene una dignidad que debe ser protegida», afirmó.
Por otro lado, el politólogo venezolano Iván Rojas Álvarez analizó las declaraciones de Delcy Rodríguez desde un punto de vista político y cómo estas podrían estar ajustadas o no a la realidad.
«Hay que recordar que Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas de forma oficial en este momento. Los contactos que tienen son muy puntuales y podríamos decir hasta esporádicos. La poca cooperación que se logra puede caerse porque no está soportada por todo un sistema y una comunicación constante», indicó el experto.
Rojas Álvarez destacó que «no es para nada extraño que países se rehúsen a aceptar a migrantes con orden de deportación», y aseguró que es algo que suele suceder tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.
«Es una política existente y ha sido una gran fuente de problemas para Estados Unidos y su sistema migratorio desde hace años», agregó Rojas Álvarez.
Respecto a los posibles problemas que podrían surgir a raíz de estas declaraciones, el politólogo venezolano señaló que uno de los puntos débiles del gobierno de Biden es su política migratoria. «Las políticas federales, como las de algunas ciudades, han exacerbado el problema», indicó.
También aseguró que hay un alto nivel de tensión entre republicanos y demócratas, y que se está estudiando la posibilidad de realizar un impeachment a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
