La operación anticorrupción que sacudió a Venezuela en marzo de 2023, resultó en la detención de 61 personas y la renuncia del entonces Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Este escándalo reveló un desfalco millonario por parte de funcionarios chavistas y opositores, aunque el monto exacto nunca fue confirmado por las autoridades.
El Fiscal General designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, y el Presidente Nicolás Maduro, centraron la atención mediática durante seis semanas con discursos contundentes contra la corrupción, prometiendo aplicar todo el peso de la ley a los implicados, a quienes se les imputó el delito de ‘traición a la patria’.
A pesar de esto, la Justicia aún no ha informado sobre las consecuencias para los involucrados, a quienes Saab había solicitado la «máxima pena». La dimisión de El Aissami tampoco ha sido esclarecida, ya que se apartó del cargo para colaborar con las investigaciones y desde entonces no se ha sabido más de él.
Tras numerosas declaraciones televisadas sobre esta «lucha histórica», el tema dejó de mencionarse a principios de mayo, y tanto el Presidente como el Fiscal se negaron a abordar preguntas sobre la responsabilidad de El Aissami, quien desapareció de la escena pública. Además, la Fiscalía confirmó que dos de los detenidos fallecieron bajo custodia, uno por suicidio y otro por una enfermedad preexistente.
Las pérdidas de la cacería anticorrupción
Aunque Maduro confirmó que varios empleados del Ministerio de Petróleo desfalcaron «varios millones de dólares», las autoridades nunca revelaron la magnitud de las pérdidas. Saab admitió que se trata de una suma importante, que sería revelada posteriormente, pero una vez cerrado el caso, no se han dado más detalles al respecto.
Según el diputado oficialista Hermánn Escarrá, se trató de tres casos que sumaban 23.000 millones de dólares, cifra que también menciona el opositor Henrique Capriles al exigir al Gobierno rendir cuentas. Por su parte, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela estimó el desfalco en 16.000 millones de dólares.
A pesar de la falta de información, este caso condujo a la aprobación de una ley que permite al Estado confiscar bienes a funcionarios corruptos, logrando recuperar un total de 1.007 propiedades, incluyendo casas, vehículos, oficinas y empresas.
La oposición se manifiesta
El silencio institucional en torno al caso ha generado críticas por parte de la oposición, que cuestiona el paradero de El Aissami y denuncia la impunidad que, según ellos, prevalece tras el escándalo de marzo de 2023. Incluso el diputado chavista Hugbel Roa, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria y arrestado por corrupción, no ha tenido avances significativos en su proceso judicial.
El nombre de El Aissami es el más mencionado entre las críticas, ya que tanto el antichavismo como organizaciones no gubernamentales exigen conocer su situación actual y las consecuencias de sus acciones como Vicepresidente ejecutivo y Ministro de Interior. Su desaparición de la escena pública desde su dimisión ha generado incertidumbre sobre su paradero y las acciones tomadas durante su gestión.
