El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) se convirtió en el epicentro de la crisis política que azota al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, declaró en la sede de la corte en Caracas que, después de realizar un «peritaje» del proceso electoral solicitado por el presidente Nicolás Maduro, había decidido «convalidar» su victoria.
Desde que Maduro fue anunciado como ganador por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, horas después del cierre de los colegios electorales, la victoria del mandatario ha sido cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.
En su sentencia, el TSJ certificó de manera irrefutable el material electoral peritado y validó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, que resultaron en la elección de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República.
Esta decisión reavivó las críticas sobre la falta de independencia del tribunal por parte de la oposición, que acusa al TSJ de actuar en favor de Maduro para llevar a cabo un «golpe de Estado». Además, generó una nueva ola de críticas de organismos internacionales y otros gobiernos.
La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela alertó sobre la «falta de independencia e imparcialidad» del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.
El gobierno venezolano, por su parte, sostiene que las críticas a las instituciones forman parte de una campaña internacional contra la Revolución Bolivariana.
El papel institucional del TSJ
El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano judicial más alto de Venezuela y la última instancia de recurso en el país.
La Constitución venezolana le otorga una amplia gama de atribuciones, que incluyen pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas, conocer de los presuntos delitos cometidos por los miembros de la Asamblea Nacional, promover leyes relacionadas con la organización y los procedimientos judiciales, y destituir al presidente de la República en caso necesario, entre otras.
Está compuesto por varias salas, como la Constitucional, la Político Administrativa, la Electoral, la de Casación Civil, la de Casación Penal y la de Casación Social.
La Constitución también establece que el TSJ cuenta con «autonomía funcional» dentro de la independencia judicial, un punto que ha sido objeto de controversia en los últimos tiempos.
La polémica en torno a los resultados electorales ha aumentado las dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Tras la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones, surgieron acusaciones de fraude y demandas al Consejo Nacional Electoral para que presentara las actas que respaldaran la victoria del candidato oficialista, algo que aún no ha ocurrido.
En medio de las protestas y el conflicto, Maduro presentó un recurso ante la Sala Electoral del TSJ para solicitar un peritaje del proceso electoral y verificar su victoria de manera transparente.
Expertos y juristas han señalado un patrón en las sentencias del TSJ que favorecen consistentemente al oficialismo, lo que ha generado críticas y dudas sobre su independencia.
La jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter en Venezuela, Jennie K. Lincoln, cuestionó la intervención del TSJ en el proceso electoral, afirmando que no se trata de una evaluación independiente.
La Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU en Venezuela también ha desacreditado al tribunal, atribuyéndole un papel represivo en el Estado.
El gobierno venezolano defiende el papel institucional y la imparcialidad del TSJ, considerando la sentencia sobre el recurso electoral de Maduro como un acto de alta institucionalidad que fortalece la democracia del país.
Quiénes componen el TSJ y por qué se les cuestiona
La designación de los actuales magistrados del TSJ ha generado dudas sobre su imparcialidad, ya que todos fueron nombrados por Parlamentos dominados por el chavismo y algunos tienen afiliación previa al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, tuvo cargos políticos en el partido de Maduro antes de ser nombrada magistrada en 2022, lo que ha suscitado críticas sobre su independencia e imparcialidad.
El mecanismo de elección de los jueces también ha sido cuestionado, especialmente por la modificación de la composición del Comité de Postulaciones Judiciales por parte de la Asamblea Nacional chavista en 2022 para asegurar el control gubernamental del TSJ.
Según la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU, el gobierno ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos y declaraciones públicas de altos funcionarios.
