La Fiscalía General de la República ha convocado nuevamente al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, en medio de una investigación en su contra. Hasta el momento se desconoce si González Urrutia atendió la primera citación o mantuvo comunicación con la entidad fiscal, ya que la convocatoria estaba programada para el lunes 26 de agosto.
En esta ocasión, se le ha citado para rendir entrevista el día 27 de agosto a las 10:00 horas, con el fin de abordar su presunta participación en la publicación y mantenimiento de una página web. Esta página es la misma en la que la Plataforma Unitaria Democrática y la líder opositora María Corina Machado afirmaron haber cargado el 83,5 % de las actas electorales, como parte de su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La coalición opositora difundió estas actas después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador de los comicios, una decisión que ha sido cuestionada por varios países que respaldan la supuesta victoria de González Urrutia.
La Fiscalía ha citado al abanderado de la Plataforma por la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Estos delitos podrían acarrear penas de hasta 16 años de prisión.
En un video publicado en redes sociales el domingo, González Urrutia expresó su desacuerdo con el Ministerio Público, alegando que pretende someterlo a una entrevista sin especificar en qué condición debe comparecer y precalificando delitos que él niega haber cometido, sin confirmar ni negar su asistencia a la Fiscalía.
González Urrutia cuestiona al fiscal
El candidato ha criticado al fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, a quien acusa de comportarse como un acusador político. González Urrutia ha instado al presidente Maduro a buscar una solución a través de la verificación internacional de las actas, en lugar de recurrir a la represión.
Mientras el Gobierno y la Fiscalía rechazan la validez de las actas divulgadas por la oposición, organizaciones como el Centro Carter respaldan su autenticidad, recordando que participaron como veedores en las elecciones convocadas por el CNE.
