Los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay han emitido comunicados en rechazo al asedio a la Embajada de Argentina en Venezuela por parte de los organismos de seguridad del Estado, así como a la revocación de la custodia por parte de Miraflores a Brasil en dicho recinto diplomático desde el 1 de agosto.
El gobierno de Uruguay, encabezado por Luis Lacalle Pou, expresó que esta situación constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avasallamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en las instalaciones de la representación diplomática argentina. Además, se les ha negado el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano y están siendo víctimas de un asedio permanente por parte de las fuerzas de seguridad del régimen.
Por su parte, la Cancillería chilena ha advertido que las acciones emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro constituyen un serio desconocimiento de lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
El gobierno de Paraguay, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y liderado por Santiago Peña, criticó a Maduro por tomar la decisión de revocar unilateralmente la custodia a Brasil y lo instó a respetar las normas internacionales.
Misiones expulsadas
En agosto, junto a la misión diplomática argentina, el gobierno de Maduro expulsó a las representaciones de Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana, Panamá y Costa Rica por desconocer la reelección de Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin publicar los resultados mesa por mesa y sin permitir auditorías para certificar la validez de los números que le atribuyen una victoria al gobernante venezolano con el 51% de la votación.
La expulsión de la representación argentina llevó a que Brasil asumiera la custodia de la sede diplomática en Caracas, en acuerdo con Argentina y Miraflores, para resguardar a los seis miembros de Vente Venezuela, organización liderada por María Corina Machado, quienes se encuentran en condición de refugiados debido a la persecución del poder político en Miraflores.
Entre los miembros de Vente Venezuela sobre los cuales pesa una orden de captura solicitada por la Fiscalía desde marzo se encuentran Magallí Meda, jefa del comando de campaña de Machado; Claudia Macero, su jefa de comunicaciones; Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del partido; el exdiputado y coordinador de campaña por el estado Anzoátegui, Omar Moreno González; Humberto Villalobos, coordinador electoral; y Fernando Martínez Mottola, asesor de Machado. Se les acusa de supuestos planes para desestabilizar el gobierno de Maduro y, actualmente, también se les señala de trazar planes para atentar contra la vida del gobernante y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Con información de efectococuyo.com
