La líder de Encuentro Ciudadano y exdiputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, ha instado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a avanzar en la investigación sobre Venezuela I. Esta investigación busca esclarecer los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante el mandato de Nicolás Maduro.
En un mensaje publicado en sus redes sociales el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Solórzano reafirmó la importancia de la justicia y la lucha incansable por vivir en un país donde la libertad y la dignidad sean una realidad. La política denunció la existencia de más de 2.000 prisioneros políticos en Venezuela, la mayoría de los cuales fueron detenidos tras las protestas masivas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales.
Solórzano resaltó la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, con casi 2.000 prisioneros políticos, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y persecuciones. Estos actos constituyen una clara violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1999 y en los tratados internacionales suscritos por el país.
En declaraciones recientes durante la asamblea anual de los estados parte del Estatuto de Roma, el fiscal de la CPI, Karim Khan, criticó al gobierno de Maduro por la falta de aplicación de la complementariedad en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Khan también exigió la liberación de todos los presos políticos, incluyendo niños y adolescentes, y advirtió a las autoridades venezolanas que se les agota el tiempo.
El informe anual de la Fiscalía de la CPI reveló que se están considerando incluir en las investigaciones las denuncias por violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión poselectoral en Venezuela. A pesar de esto, el gobierno de Maduro insiste en que no hay prisioneros políticos en el país, sino «criminales».
En respuesta a esta situación, familiares de los presos políticos se manifestaron frente a la Fiscalía en Caracas, reiterando que sus seres queridos no son delincuentes ni terroristas, como los califica el Ministerio Público. La lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela continúa siendo un tema de relevancia y preocupación a nivel internacional.
