Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, ha causado controversia al ofrecer una conferencia sobre derechos humanos en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como el mayor centro de torturas de Venezuela. Esta acción ha generado la exigencia de venezolanos exiliados en España y alumnos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que Monedero sea expulsado de su puesto como profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
La petición de expulsión fue iniciada por la Plataforma SOS Venezuela y Coalición por Venezuela, respaldada por asociaciones estudiantiles como Libertad Sin Ira y Adelante UNI. Decenas de estudiantes han firmado un documento distribuido en chats universitarios, según reporta The Objective.
Durante la conferencia, a la que asistieron al menos 160 miembros del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Monedero expresó que «los derechos humanos no se basan en la aplicación de la fuerza, sino en el consenso». Sin embargo, los críticos recuerdan que El Helicoide es considerado la mayor cárcel política y centro de tortura de Venezuela, con informes de organismos internacionales que documentan actos de tortura y tratos inhumanos en ese lugar.
Los firmantes de la solicitud a la UCM acusan a Monedero de pretender legitimar violaciones a los derechos humanos al ofrecer una apariencia falsa de promoción y respeto por los mismos. Solicitan a la universidad que tome medidas inmediatas ante la vinculación del profesor con un estado que comete crímenes de lesa humanidad.
En respuesta, la UCM deberá decidir si toma medidas disciplinarias contra Monedero por su participación en la conferencia en El Helicoide. La polémica generada pone en entredicho la ética académica y la responsabilidad de los profesores en la promoción de los derechos humanos y la justicia.
La libertad ideológica no puede justificar crímenes de lesa humanidad, concluye el texto de la solicitud de expulsión de Juan Carlos Monedero de la UCM. Esta controversia refleja el debate sobre la responsabilidad de los académicos en la defensa de los derechos humanos y la condena a violaciones flagrantes de los mismos.
