El gobierno de Trinidad y Tobago reconoció formalmente este viernes a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Tras el anuncio, las autoridades trinitenses confirmaron que enviarán una delegación de alto nivel a la capital venezolana en los próximos días.
Trinidad y Tobago reconoce a Delcy Rodríguez y dice que enviará una delegación a Caracas
El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Sean Sobers, explicó en una rueda de prensa que este reconocimiento —que se produce tras varios meses de espera— responde a la posición diplomática de Puerto España frente a los cambios políticos registrados en Venezuela desde principios de este año.
Sobers destacó que, aunque “los lazos están mejorando día a día”, la relación aún enfrenta tensiones debido a que la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, mantiene el estatus de persona non grata en el país vecino.
“Actualmente, esa es la posición del Congreso venezolano. Es algo que también está en discusión”, detalló el canciller, según declaraciones recogidas por el medio local Trinidad Guardian.
Pese a este escenario, el objetivo principal del envío de la delegación a Caracas es “asegurar” los intereses trinitenses en los yacimientos de gas transfronterizos, considerados estratégicos para la economía de la isla.
En contexto
Los vínculos entre ambas naciones han pasado por diversas etapas, tornándose más complejos desde el retorno al poder de Persad-Bissessar. Durante su gestión entre 2010 y 2015, la política exterior se centró en una cooperación energética pragmática que permitió alcanzar acuerdos de unificación de yacimientos de gas con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Sin embargo, a partir de 2025, la relación tomó un rumbo más distante luego de que la primera ministra alineara su gestión con los intereses estratégicos de Estados Unidos, apoyando sus operaciones militares en el Caribe.
Este distanciamiento escaló en octubre del año pasado, cuando la Asamblea Nacional (AN) declaró unánimemente a Kamla Persad-Bissessar como persona non grata. En aquel momento, la diputada Iris Varela presentó el proyecto de acuerdo alegando que la funcionaria formaba parte de un “plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía” de Venezuela, calificando su postura como una “incitación a la guerra” en la región.
En esa misma sesión, el Parlamento instó al gobierno trinitense a desmarcarse de lo que denominaron “provocaciones bélicas y acciones de falsa bandera” en aguas compartidas, con el fin de resguardar la “histórica amistad” entre ambos pueblos.
De manera simultánea a esos eventos, Nicolás Maduro —quien hoy se encuentra detenido en Nueva York— anunció en su momento la suspensión inmediata de todos los convenios gasíferos con Trinidad y Tobago. La medida fue una respuesta a las declaraciones de Persad-Bissessar, a quien Maduro acusó de pretender convertir a la isla en un “portaaviones” para los intereses estadounidenses en el Caribe.
Maduro explicó que se trataba de una “medida cautelar de suspensión inmediata” de los acuerdos firmados en 2015 y renovados por “cinco años más” en febrero del año pasado. En sus declaraciones de entonces, se refirió en términos críticos a la mandataria trinitense, tildándola de “propulsora de la guerra” y cuestionando su integridad para ejercer el cargo.
