El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este 27 de octubre la muerte de un privado de libertad bajo custodia del Estado en el Internado Judicial de Margarita (conocido como la cárcel de San Antonio), ubicado en el estado Nueva Esparta.
OVP denuncia muerte de preso en la cárcel de Margarita
La víctima fue identificada como César Ramón Aguilera Villahermosa, quien falleció el pasado 23 de octubre tras presentar severas complicaciones de salud dentro del recinto penitenciario.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la ONG solicitó el inicio inmediato de una investigación exhaustiva, imparcial e independiente que permita esclarecer las circunstancias exactas del deceso. De acuerdo con los datos recabados por el OVP, el informe médico del privado de libertad determinó como causas de muerte un shock cardiogénico, miocardiopatía dilatada, arteriosclerosis severa e hipertensión arterial.
Exigen cuentas sobre el estado del penal insular
La organización recordó que la muerte de Aguilera reaviva las denuncias sobre la grave crisis sanitaria dentro del sistema carcelario venezolano y ratificó la obligación constitucional del Estado de velar por la vida, salud e integridad física de las personas bajo su custodia.
El director del OVP, Humberto Prado, exigió al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario que aclare de forma transparente las condiciones en las que opera actualmente el penal insular.
«Exigimos que el Ministerio informe bajo qué condiciones funciona la cárcel de Margarita, cuántas personas permanecen privadas de libertad en el recinto y con qué servicios de atención médica cuenta el establecimiento», enfatizó Prado.
Antecedentes de opacidad y hacinamiento
El penal de San Antonio fue escenario de un sonado episodio de control irregular durante el mandato del líder negativo Teófilo Rodríguez Cazorla, alias «El Conejo», asesinado en Porlamar en enero de 2016. Tras dicho acontecimiento, las autoridades anunciaron el desalojo total del recinto en febrero de 2016 para su supuesta reestructuración.
Sin embargo, el OVP documentó en su informe anual de 2024 que al menos 125 personas continuaban recluidas en dichas instalaciones de manera irregular, sin que se haya informado formalmente sobre su reinauguración.
Esta situación genera un fuerte contraste con la realidad de las comisarías y centros de detención preventiva de Nueva Esparta, los cuales continúan registrando graves niveles de hacinamiento por la falta de traslados a centros penitenciarios adecuados.
