Venezuela: entre la amputación y la reconstrucción.
Por Nancy Arellano S.
¿Qué representa ese 25 % de venezolanos que vive fuera del país? ¿Un brazo que manda plata? ¿Una pierna que se mueve en otras economías? ¿Parte de la memoria de lo que alguna vez supimos construir? ¿O algo que se puede cortar sin que el cuerpo deje de ser Venezuela?
Ana Julia Jatar me inspiró, al decirlo sin rodeos: “la diáspora no necesita que sigan contando sus millones. Necesita que alguien defienda sus derechos”. A quienes aspiran a dirigir el país les toca demostrarlo desde ya, no cuando les convenga. Venezuela ya no es solo el territorio. Tres de cada cuatro venezolanos siguen adentro; uno de cada cuatro está afuera. Esa proporción no es un dato más. Es la forma real en que hoy está repartida la nación, aunque buena parte de la dirigencia —de un lado y del otro— siga actuando como si todo se decidiera únicamente dentro de las fronteras.
Los que se quedaron son la mayoría que aguanta el día a día, sostiene a las familias, mantiene lo que queda de tejido social y carga con el peso más duro del desastre. Los que se fueron no son un residuo. Son la parte que, con muchos elementos en contra, ha podido trabajar en otros contextos, generar remesas que ayudan a quienes se quedaron y mantener una voz afuera que adentro es más difícil de ejercer. Las dos partes se necesitan. Cortar una no fortalece a la otra: la debilita. Porque no son partes: son familias, amigos, equipos.
Cuando los gobiernos de la región cierran puertas, complican los trámites o hablan con Caracas para facilitar deportaciones —ya sea en Estados Unidos, Colombia o Perú—, no están resolviendo un problema de otros. Están hablando de Venezuela. Están ayudando a fragmentar un país que ya no cabe en un solo mapa. Y la dirigencia venezolana ha respondido, demasiadas veces, con silencio o con comunicados que no se traducen en nada concreto: ni en protección real, ni en consulados que funcionen, ni en una defensa organizada de quienes están afuera.
El resultado es que todos pierden. Los de adentro pierden los amortiguadores que las remesas y las redes de la diáspora han sido durante años. Los de afuera quedan expuestos a quedarse sin papeles, a que les separen a sus familias y a perder derechos básicos, sin que nadie los defienda de manera sostenida. Abandonar a ese 25 % no alivia la carga de quienes se quedaron. La hace más pesada. Un hijo fuera no es un cálculo matemático: es el 100 % de una familia.
No se puede reconstruir el país pensando solo en la mayoría que permanece dentro. Muchos de los que se fueron no van a volver. Pero Venezuela va a necesitar también lo que ellos saben, las redes que construyeron y la experiencia que acumularon. Tratarlos como una parte prescindible no les facilita las cosas a quienes resisten por dentro. Las complica.
Jatar dejó la pregunta abierta: ¿se puede pedir democracia mientras se mira para otro lado cuando se vulneran los derechos de casi una cuarta parte de los venezolanos? La respuesta no puede seguir siendo un comunicado. Tiene que ser una agenda concreta: protección jurídica y migratoria, consulados que funcionen y garantías reales para ejercer derechos desde el exterior. Con responsables, plazos y resultados verificables.
La migración forzada fracturó la geografía y dispersó fragmentos de la sociedad por el mundo, como una vasija al romperse. Pero el “Kintsugi” nos recuerda que las roturas se pueden unir con oro: no para borrar las cicatrices, sino para hacerlas visibles y más fuertes. El país del futuro no va a pretender que nada haya pasado. Va a exhibir las uniones de una nación que aprendió a reconstruirse a partir de la dispersión.
El 25 % de afuera no es de menor valor. Es una pieza consustanciales al 75 % que sostiene el país desde adentro. A quienes aspiran a dirigirlo les toca decidir si quieren reconstruir con todas las piezas o convertirse en los cirujanos que amputan lo que aún queda de un “nosotros” para privarnos de volver a vivir en la salud. Un político que destruye la esperanza está condenado a la fosa del olvido.
