Diferentes organizaciones no gubernamentales, políticos y otros han rechazado esta condena y afirman que no hay fundamentos para que los tengan presos.
En la tarde de este martes, la administración de Nicolás Maduro condenó a 16 años de prisión a los activistas de derechos humanos, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Emilio Negrín por delitos de conspiración y asociación para delinquir.
A pesar de los delitos que se les imputaron, tanto sus familiares como las organizaciones de derechos humanos venezolanas afirman que son presos políticos de Nicolás Maduro.
Los activistas han estado detenidos desde julio del año pasado y de inmediato el caso generó indignación. Después de su condena, varias organizaciones no gubernamentales y políticas exigieron su liberación.
El Observatorio Nacional de DD.HH denunció que la jueza Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo condenó a estos sindicalistas sin pruebas en su contra y «tras un proceso judicial plagado de violaciones al debido proceso».
Foro Penal incluyó el año pasado a los seis activistas en la lista de presos políticos de Venezuela. Mientras tanto, sus familiares y abogados insistieron en que son inocentes y que se violan sus derechos humanos.
Decenas de organizaciones y sindicatos exigieron la liberación de los seis activistas. Alegaron que los activistas solo pidieron mejoras salariales y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.
Reacciones
Después de conocerse la condena contra estos seis activistas, comenzaron a surgir reacciones tanto de los familiares como de ONG y políticos, quienes manifestaron su rechazo a esta nueva condena.
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, sostuvo que la condena fue injusta, ya que los activistas serían inocentes. «Una vez más, el gobierno de Maduro y toda su comitiva ha cometido un acto contra los derechos humanos».
«Ha condenado a seis hombres inocentes sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión. 16 años por no haber cometido ningún delito. Una vez más, comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta. Han sido injustamente condenados», afirmó.
Acceso a la Justicia sostuvo que la condena de los activistas «no es más que el recrudecimiento de la persecución política». Por su parte, Provea afirmó que este es un «nuevo golpe a la protesta social».
«Condena arbitraria de ‘conspiración’ por presuntas capturas de WhatsApp. El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses. Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos y contra la Onapre», indicó Provea en su cuenta de Twitter.
La Plataforma Unitaria sostuvo que la condena de los activistas es una «nueva violación de los derechos humanos». También aseguró que sufrieron un «juicio plagado de vicios procesales» solo por liderar las protestas para exigir derechos laborales.
El candidato a la primaria, Henrique Capriles Radonski, también se pronunció al respecto mediante su cuenta en la red social Twitter para rechazar lo ocurrido.
«Otra violación más a los DDHH de quienes gobiernan en Venezuela. ¡Criminalizar a quienes ejercen sus derechos es una aberración! Metiendo presos a los que luchan por una vida mejor solo profundiza la crisis económica, social y política», denunció.
