Ultimo acuerdo de Barbados: Obstáculos en lugar de Avances El reciente acuerdo entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Nicolás Maduro ha generado una amplia polémica.
Este pacto plantea una pregunta fundamental: ¿constituye un avance hacia elecciones libres o es una mera estrategia de distracción? Examinemos los elementos más controvertidos.
1. La Exigencia de Presencia Física ante el TSJ
Se ha impuesto la condición de que los políticos inhabilitados comparezcan personalmente ante el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para plantear sus reclamaciones. Esta exigencia contradice el principio milenario del Derecho Romano y su contrato de mandato, que permitía actuar a través de un procurador. ¿Acaso no se está desmantelando una institución jurídica ancestral y buscando humillar a los solicitantes?
2. La Exclusión de Opositores en el Exilio
Esta condición, además, impide el acceso al procedimiento a figuras políticas perseguidas fuera del país, como Leopoldo López y Juan Guaidó. Al excluir a decenas de políticos exiliados, se vulnera el principio de igualdad ante la ley, esencial en los derechos humanos.
3. El Reconocimiento del TSJ y sus Implicaciones
El reconocimiento del TSJ por parte de María Corina Machado y otros dispuestos a acatar esta demanda podría legitimar al Poder Judicial del régimen. Esto cerraría vías para desafiarlo después de las elecciones, asegurando la supervivencia de una institución gubernamentalmente controlada. Tal aceptación de autoridad sobre la nueva presidencia, a pesar de la impugnación de sus magistrados por la anterior Asamblea Nacional, es parte de asegurar la gobernanza del madurismo post elecciones.
4. Beneficios Selectivos y Estrategias de División
Este acuerdo busca beneficiar especialmente a ciertos opositores, como Manuel Rosales (con frágil cautelar judicial) y Henrique Capriles, este último sancionado administrativamente por quince años. Ambos, en un giro que contradice la postura de María Corina Machado, han optado por participar en el referendo impulsado por el gobierno de Maduro. Es evidente que el acuerdo busca fomentar la división en las filas opositoras, una estrategia recurrentemente empleada por el chavismo/madurismo, que suele complementarse con el incentivo a la abstención electoral.
La Omisión de la Contraloría y el Enfoque en la Imagen
Esta decisión plantea una interrogante fundamental: ¿Por qué no se optó por acudir inicialmente a la Contraloría para revocar las inhabilitaciones políticas, antes de otorgar validez al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)? La estrategia adoptada por Gerardo Blyde y otros miembros de la comisión parece enfocarse en forjar una imagen que beneficie el futuro político del chavismo-madurismo, otorgando reconocimiento al sistema judicial actual del régimen. Esta acción pone en tela de juicio la prioridad dada a los derechos políticos en este proceso.
Conclusiones: Obstáculos en lugar de Avances
En conclusión, el acuerdo podría interpretarse más como un obstáculo que como un progreso. La amenaza de la abstención pierde fuerza ante el creciente hartazgo ciudadano, por lo que se buscan nuevas estrategias. El camino hacia elecciones libres no puede pasar por pactos que desconozcan la igualdad de derechos y sometan a los auténticos adversarios políticos a abandonar su derecho como ciudadanos a cuestionar las instituciones de forma cívica. Tal pretensión es también una violencia contra sus derechos a la libertad expresión y derechos políticos.
Ultimo acuerdo de Barbados: Obstáculos en lugar de Avances
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