El diálogo social en Venezuela continúa sin lograr avances significativos. La cuarta ronda de negociaciones, que tuvo lugar los días 1 y 2 de febrero en Caracas, reunió a representantes del gobierno, centrales sindicales y empresarios, con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, según Jaqueline Ritcher, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el encuentro finalizó con pocos avances y la promesa de una quinta ronda cuya fecha aún está por definir.
A pesar de la falta de cumplimiento por parte del gobierno a las demandas laborales y las recomendaciones de la OIT, Ritcher afirmó que es importante no cerrar los espacios de diálogo y seguir insistiendo en avanzar. En este sentido, se acordó que la OIT continuará brindando acompañamiento en las próximas reuniones.
Durante la cuarta ronda del diálogo social, las centrales sindicales no afines al gobierno de Nicolás Maduro expresaron su demanda de cumplimiento de los convenios supervisados por la OIT en Venezuela, relacionados con el salario mínimo, la libertad sindical y el mecanismo de la consulta tripartita. Sin embargo, se considera que no ha habido avances significativos desde 2022, cuando se organizaron las primeras dos rondas de negociación.
Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI – Venezuela), hizo hincapié en la necesidad de un aumento del salario mínimo para hacer frente a la inflación y evitar que los hogares más pobres sean los más afectados en futuras crisis. Además, expresó la importancia de una política salarial fundamentada en derechos que garantice la cobertura universal y detenga el aumento de la desigualdad.
Por otro lado, la propuesta de Fedecámaras, la principal cúpula empresarial de Venezuela, de flexibilizar la Ley Orgánica del Trabajo generó alerta entre las centrales sindicales. La Central ASI se declaró en alerta ante cualquier intento de flexibilizar la legislación laboral venezolana para fines patronales, ya que consideran que esto podría afectar los derechos laborales.
En cuanto a los sindicalistas afines al gobierno, el presidente de la Central Socialista de Trabajadores, Wills Rangel, exigió a los empresarios presentes en el diálogo que paguen el cesta ticket fijado por el gobierno en 40 dólares, indexado en bolívares. Sin embargo, legalmente el monto fijado es de 1.000 bolívares mensuales. Rangel también abogó por el cese de las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, argumentando que estas impiden el desarrollo económico y, por consiguiente, la mejora salarial de los trabajadores.
En cuanto a los acuerdos alcanzados durante la cuarta ronda del diálogo, los representantes del Ejecutivo admitieron tener un método para la fijación del salario mínimo, pero no está contemplado un incremento salarial en el corto plazo debido a las condiciones actuales. Se acordó la realización de más reuniones bipartitas y tripartitas hasta noviembre de 2024, para seguir abordando el tema del salario mínimo y la libertad sindical. Además, se mantuvo el compromiso de revisar los casos de sindicalistas afectados por detenciones, en colaboración con el Ministerio Público y las organizaciones de empleadores y trabajadores.
En el futuro, además de las reuniones programadas, el gobierno venezolano deberá rendir cuentas ante el Consejo de Administración de la OIT el próximo 4 de marzo por el incumplimiento de los convenios supervisados. A pesar de la falta de avances significativos, la OIT no tiene previsto imponer sanciones contra el gobierno venezolano en este momento.
En resumen, el diálogo social en Venezuela continúa sin lograr avances significativos, a pesar de los esfuerzos y la asistencia técnica de la OIT. Las centrales sindicales no afines al gobierno exigen el cumplimiento de los convenios laborales supervisados por la OIT, mientras que la propuesta de flexibilizar la legislación laboral genera preocupación. Por su parte, los sindicalistas progobierno exigen el pago del cesta ticket fijado por el gobierno. Aunque se han acordado más reuniones y se mantienen compromisos, no se prevé un incremento salarial a corto plazo. El gobierno deberá rendir cuentas ante la OIT por el incumplimiento de los convenios supervisados.
