Las autoridades migratorias de Panamá anunciaron hoy que han dictado sentencia de 6 meses de cárcel para los 45 migrantes responsables de causar destrozos en un albergue en Darién, una frontera natural con Colombia que recibe a cientos de personas a diario en su camino hacia Norteamérica, tras un altercado masivo.
Los 45 migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia permanecerán en detención provisional durante seis meses en un centro penitenciario, como resultado de una medida impuesta por un tribunal panameño el pasado lunes, luego de ser acusados de varios delitos. Las autoridades llevarán a cabo una investigación sobre los hechos, según la información oficial.
“Hoy a las 5 de la mañana (10:00 GMT) han salido ya en un convoy desde Metetí (Darién) (…) a órdenes de un centro penitenciario los 45 detenidos (…)”, de esos migrantes detenidos, al menos 38 son venezolanos, 6 colombianos y un ecuatoriano”
Detalló la directora de Migración, Samira Gozaine a través de una publicación en su cuenta X.
Según el Ministerio de Seguridad de Panamá, citando a la directora de Migración, “los 45 migrantes que participaron en los actos vandálicos en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de San Vicente fueron trasladados en la madrugada desde Darién a un Centro Penitenciario”.
Panamá sentencia a migrantes por los delitos de daños
Es importante destacar que el pasado lunes, se imputaron cargos a 45 migrantes por los delitos de “daños, contra la vida y la integridad”, y a 39 de ellos también se les acusó de “incendiarismo”.
En la madrugada del sábado pasado, alrededor de 250 migrantes se vieron involucrados en una pelea violenta en el albergue de San Vicente, Darién. Este incidente resultó en la vandalización de vehículos oficiales y privados, la quema de al menos 10 módulos, así como de la caseta de Unicef y otra perteneciente a Migración, según la información oficial.
Esta semana, Gozaine mencionó que los migrantes acusaban a las unidades del Servicio Nacional de Fronteras de tenerlos “estudiados” y de afirmar que todo fue planeado para dañar la propiedad debido a la lucha contra el tráfico de personas, contradiciendo la versión oficial.
El albergue, diseñado para albergar a unas 500 personas, era uno de los más modernos y ofrecía servicios básicos para satisfacer las necesidades de esta población. Según la Fiscalía, los daños causados hasta ahora ascienden a 550 mil dólares, perjudicando al Estado.
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