La Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado en el que rechaza en términos contundentes las inhabilitaciones políticas impuestas a 10 alcaldes de oposición, así como las recientes detenciones de dirigentes de Vente Venezuela y Voluntad Popular.
En la declaración hecha pública el pasado jueves 20 de junio, se manifestó el rechazo a las medidas administrativas de la Contraloría General de la República contra dos alcaldes de Nueva Esparta y ocho de Trujillo, quienes expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de la alianza opositora liderada por Edmundo González Urrutia.
Según la Plataforma Unitaria Democrática, estas inhabilitaciones constituyen una figura inconstitucional utilizada como una forma de castigo hacia los líderes políticos y autoridades electas.
Asimismo, se condenó enérgicamente la persecución contra los alcaldes del Táchira, en particular la detención del alcalde del municipio Ayacucho de esa entidad, Yonnhy Liscano.
El comunicado sostiene que estas acciones no afectan el compromiso por el cambio, sino que lo refuerzan y consolidan.
También se hizo referencia a las detenciones de dos periodistas, Luis López y Gabriel González, pertenecientes a los equipos de comunicaciones de Voluntad Popular y Vente Venezuela respectivamente, así como las detenciones de los miembros de ambas organizaciones, Jeancarlos Rivas y Juan Iriarte.
A estos últimos cuatro individuos, el Ministerio Público les imputó los delitos de «incitación al odio y asociación» por participar en una caminata en el estado Vargas, específicamente en Maiquetía, donde pasaron por un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y emitieron un mensaje junto al candidato Edmundo González a principios de junio.
Plataforma Unitaria Democrática exige la liberación de presos políticos
En el comunicado, se hace un llamado a respetar el acuerdo de Barbados y a otorgar la libertad plena a todos los presos políticos, argumentando que hacer política e informar no constituyen un delito.
De acuerdo con la ONG Laboratorio de Paz, desde enero hasta el 18 de junio, 37 personas han sido detenidas en Venezuela por motivos políticos, incluyendo 16 del partido Vente Venezuela, dos de Voluntad Popular y una de Primero Justicia, así como figuras destacadas en la defensa de los derechos humanos y el activismo social.
Ante las recientes detenciones, Amnistía Internacional ha reiterado su denuncia sobre los patrones de persecución contra la disidencia política en Venezuela por parte del gobierno, instando a la comunidad internacional a exigir su liberación al gobierno venezolano.
Además, el gobierno de Estados Unidos ha rechazado estas acciones a través del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, mientras que el gobierno de Miraflores ha calificado estas declaraciones como un intento de interferencia en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio.
