La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado recientemente las condenas impuestas a 17 acusados por el magnicidio frustrado ocurrido el 4 de agosto de 2018 durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas, en el cual el presidente Nicolás Maduro se vio amenazado.
Tras recibir nueve recursos de casación presentados por los abogados de los condenados, la Sala Penal evaluó las denuncias relacionadas con el juicio y las condenas impuestas a los 13 civiles y cuatro militares acusados de homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el mandatario venezolano.
Una de las denuncias destacadas fue la presunta negativa del tribunal de juicio a admitir una nueva prueba que podría favorecer al general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Alejandro Pérez Gámez, acusado de haber facilitado información sobre la ubicación de Maduro en el acto. Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por no ser pertinente en un recurso de casación.
La Sala Penal también rechazó las demás denuncias presentadas por los abogados y confirmó las condenas impuestas a los acusados, según la sentencia 682 redactada por la magistrada Elsa Gómez y avalada por sus colegas Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
En cuanto a los acusados, se destaca que 12 de ellos fueron condenados a 30 años de prisión, incluyendo a tres militares: el general Alejandro Pérez Gámez, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández y el sargento mayor de primera en retiro Juan Carlos Monasterio Vanegas. También se mencionan los pilotos de los drones utilizados en el ataque, así como otros colaboradores y participantes en el plan.
El juicio contra los acusados se llevó a cabo entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, culminando con condenas de entre 5 y 30 años de cárcel. Estas sentencias fueron ratificadas posteriormente por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones Antiterrorista el 21 de marzo pasado.
En resumen, la ratificación de las condenas por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia evidencia la continuidad del proceso judicial contra los implicados en el magnicidio frustrado de 2018, reafirmando la responsabilidad de cada acusado en el intento de atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
