En Venezuela, la situación de los presos políticos bajo custodia del Estado ha suscitado alarma tanto a nivel nacional como internacional. Desde 2015, al menos 22 presos políticos han fallecido en circunstancias que involucran torturas, tratos crueles e inhumanos, y la falta de atención médica adecuada, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Rodolfo González, detenido en 2014 por su supuesta vinculación con protestas antigubernamentales y encontrado muerto en 2015 en Caracas. Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, falleció en 2017 tras sufrir un ACV mientras estaba detenido en el Sebin.
Rafael Arreaza Soto, un teniente de la Guardia Nacional, murió en 2017 durante un intento de fuga. Fernando Albán, concejal de Caracas, falleció en circunstancias controvertidas al caer desde un edificio del Sebin en 2018. Nelson Martínez, exministro de Petróleo, murió en 2018 por complicaciones de salud mientras estaba bajo custodia.
Otros casos incluyen el de Rafael Acosta Arévalo, quien murió en 2019 tras ser detenido por presunta implicación en un intento de golpe de Estado, y el de Virgilio Jiménez, quien falleció en 2019 en la cárcel de Uribana tras sufrir deshidratación y falta de atención médica.
Recientemente, casos como el de Armando Flores Piñango, un preso político que falleció en 2022 por cáncer, y el de Leoner Azuaje, quien murió en 2023 bajo custodia del Sebin, han generado preocupación.
Estos trágicos eventos subrayan la urgencia de abordar la situación de los presos políticos en Venezuela y garantizar el respeto por los derechos humanos en el país. Las denuncias de torturas, malos tratos y falta de atención médica adecuada deben ser investigadas a fondo para asegurar la justicia y la rendición de cuentas en estos casos.
