Permanecer en el Penal de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo, es la realidad diaria de José López*. Desde el amanecer hasta la caída de la noche, su rutina gira en torno a observar la cárcel. Mientras tanto, duerme en las calles o en refugios cercanos, con su hijo encarcelado en sus pensamientos.
José tomó la decisión de abandonar su trabajo para acompañar a su hijo, de 19 años, a la distancia. Todo comenzó cuando el joven, que impartía clases de béisbol, fue detenido y golpeado el 30 de julio mientras caminaba con su novia por la calle. Desde el 26 de agosto, José ha optado por pernoctar a las afueras del penal, aferrándose a la esperanza de ver algún día a su hijo salir por el gran portón negro de la prisión.
A pesar de los desafíos que ha enfrentado, José ha logrado adaptarse a su nueva rutina. Reconoce que la injusticia que presencia le ha llenado de ira. La impotencia de ver a su hijo sufriendo en prisión sin motivo aparente lo consume, afectando su sueño, su salud y su bienestar emocional.
El amor de un padre se refleja en las ojeras marcadas de José y en su voz baja, producto de largas jornadas de espera. Su única petición es la libertad de todos los jóvenes detenidos injustamente, considerando que esta lucha no es solo suya, sino de todos los afectados.
La incertidumbre de cómo está su hijo solo la puede calmar a través de su madre, quien asiste a las visitas cada 15 días. Sin embargo, la negativa de permitir el acceso a los familiares hombres en el Penal de Tocuyito y en el Centro Penitenciario de Aragua ha generado un obstáculo para muchos como José.
El caso de Carlos Álvarez* también refleja la injusticia que se vive en la región. La detención de su hijo de 22 años, en un contexto confuso y sin pruebas contundentes, lo llevó a vender su motocicleta, su principal medio de transporte, para cubrir los gastos generados por la situación.
La negación de visitas a los familiares masculinos en estos centros penitenciarios ha sido una norma impuesta desde 2012, afectando el derecho de los privados de libertad a ver a sus seres queridos. Esta restricción no solo vulnera los derechos humanos, sino que también genera un distanciamiento con la familia y un abandono de los detenidos.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha denunciado que la negativa de visitas a los familiares masculinos es una violación a las normas internacionales y a las leyes venezolanas. Esta situación ha generado angustia en los familiares y ha privado a los detenidos de sus derechos fundamentales.
En un contexto donde la unión familiar es vital, se hace un llamado a las autoridades para que permitan las visitas de todos los familiares, independientemente de su género. La liberación de los presos políticos es una causa justa, pero mientras permanezcan detenidos, se deben respetar sus derechos establecidos por la ley.
Los relatos de José, Carlos, y Miguel Blanco*, entre otros, son solo una muestra de las muchas familias afectadas por la injusticia en los centros penitenciarios de Tocuyito y Tocorón. La lucha por la libertad de sus seres queridos continúa, mientras enfrentan obstáculos impuestos por un sistema que vulnera sus derechos más básicos.
(*) Los nombres mencionados en este texto han sido modificados para proteger la identidad de las fuentes.
