El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, enfrentan una orden de captura emitida por un juzgado criminal en Argentina. Esta medida surge como resultado de una investigación por presuntas violaciones de derechos humanos, que se remontan a las protestas iniciadas en el año 2018 en Nicaragua.
La denuncia fue presentada en el año 2022 por el abogado Darío Richarte junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires. Tras recoger testimonios y pruebas, el Juez Federal Ariel Lijo emitió la orden de captura, respaldándose en el principio de jurisdicción universal que permite a los tribunales argentinos juzgar delitos graves sin importar el lugar donde se cometieron.
Los crímenes atribuidos a Daniel Ortega y Rosario Murillo incluyen asesinato, privación grave de libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación de población y persecución de un grupo. El juez Lijo también ordenó la captura internacional de otros funcionarios del gobierno nicaragüense, considerados cómplices de Ortega en crímenes de lesa humanidad.
La orden de captura ha sido calificada como un «avance histórico» por diversos expertos y medios de comunicación. El abogado Richarte señaló que los crímenes cometidos por Ortega y Murillo se han ido ampliando a medida que la dictadura en Nicaragua continuaba violando los derechos humanos.
La Concentración Democrática Nicaragüense respaldó la decisión del juez argentino y expresó su acuerdo con que Ortega y Murillo rindan declaraciones en el proceso judicial. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó de manera contundente la orden de captura internacional, calificándola como ilegal y parte de un supuesto plan para agredir a un gobierno «legítimo y soberano».
