En su primer día de mandato, el presidente Donald Trump puso fin al proceso de parole humanitario que permitía a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití vivir y trabajar legalmente en EE. UU. por dos años. Hasta diciembre de 2024, aproximadamente 531,690 personas se beneficiaron de este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La orden ejecutiva denominada «Asegurar Nuestras Fronteras» estableció diversas medidas relacionadas con la inmigración, incluyendo la construcción del muro fronterizo, el despliegue de personal de defensa en la frontera sur y la detención de migrantes irregulares. El propósito principal de esta acción era detener la llegada masiva de extranjeros ilegales a Estados Unidos.
La decisión de terminar con el parole humanitario se dio en conjunto con el cese de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas con funcionarios de inmigración en los puertos fronterizos cercanos a México. La profesora Cori Alonso-Yoder de la Universidad George Washington señaló que la orden ejecutiva de Trump busca revertir un programa que considera contrario a las políticas de EE. UU.
La suspensión inmediata de nuevas solicitudes de patrocinio para estos migrantes fue una de las primeras medidas aplicadas tras la orden ejecutiva. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la eliminación del programa se llevará a cabo de forma gradual, lo que generó incertidumbre entre las comunidades inmigrantes.
Expertos como Elizabeth Jacobs y Thomas Rachko han destacado la falta de claridad en torno a los migrantes que ya se encontraban bajo el programa de parole humanitario. La organización Welcome.US manifestó su preocupación por el futuro de las solicitudes presentadas antes de la suspensión del programa.
En cuanto a las alternativas legales de migración, los cubanos pueden solicitar la regulación de su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, mientras que venezolanos y haitianos pueden optar por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Por su parte, los nicaragüenses y otras nacionalidades pueden solicitar asilo si demuestran temor creíble de persecución en sus países de origen.
El programa de parole humanitario fue implementado inicialmente por la administración de Biden en 2022 y se amplió en 2023 para incluir a nicaragüenses, cubanos y haitianos. La incertidumbre sobre el futuro de los migrantes que se beneficiaron de este programa sigue siendo una preocupación en la comunidad inmigrante.
Con información de la Voz de América (VoA).
