Corte Suprema Revoca Sanción A Migrante Venezolano “Penalizado” Por Usar Pasaporte Prorrogado
Por Braulio Jatar Alonso, director Socio de TC Abogados
La reciente decisión de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, que dejó sin efecto la revocación de la residencia definitiva de un ciudadano venezolano por el solo hecho de haber utilizado un pasaporte prorrogado, representa no solo una victoria legal, sino también un acto de justicia que llega tras años de incertidumbre y vulnerabilidad.
Nuestro representado vivió en carne propia las consecuencias de una política administrativa rígida, que lo sancionó por una condición que no dependía de él. Su caso encarna la doble indolencia que enfrentan los migrantes forzados: la del régimen autoritario que los expulsa y la de los sistemas migratorios que, lejos de ofrecer acogida, desconfían por defecto de sus documentos y trayectorias.
Gracias al trabajo técnico y humano del abogado chileno Ernesto Manríquez —a quien reconozco y felicito por su profesionalismo ejemplar— logramos demostrar ante los tribunales que la prórroga del pasaporte venezolano es un acto legítimo del Estado venezolano, que no constituye adulteración ni falsificación alguna. Así lo entendieron tanto el Ministerio Público, que cerró la investigación penal sin cargos, como la Corte Suprema, que confirmó lo resuelto en primera instancia y restituyó los derechos de nuestro cliente.
Este fallo reafirma principios fundamentales como la legalidad, la buena fe administrativa y el respeto a los derechos adquiridos. Rechazar o revocar residencias por el uso de un documento prorrogado —cuando esa es la única opción disponible para millones de venezolanos— no solo es jurídicamente insostenible, sino éticamente inaceptable.
Chile debe decidir si su política migratoria se guiará por la empatía y el derecho, o por el temor y la exclusión. Este caso debe ser un punto de inflexión. Como abogado, y como alguien que también ha enfrentado el exilio, no puedo olvidar que detrás de cada pasaporte prorrogado hay una historia de desarraigo, lucha y dignidad.
La Corte ha corregido una injusticia. Ahora es responsabilidad del Estado chileno evitar que se repita.
