El Tribunal Segundo de Control de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Rosalba Hernández, quien se desempeñaba como fiscal 70 nacional con competencia en materia de drogas, de acuerdo con fuentes del sistema de justicia.
Privan de libertad a una fiscal del MP por omitir investigación de un caso de narcotráfico
A Hernández se le imputan los presuntos delitos de retraso u omisión de funciones agravada y omisión dolosa de funciones en materia de drogas. Los hechos estarían relacionados con actuaciones ocurridas en el año 2021, cuando se abrió un expediente a raíz de un procedimiento ejecutado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 31 de agosto de ese año, informa el periodista Eligio Rojas, de Últimas Noticias.
El operativo se realizó en un apartamento ubicado en el conjunto residencial Club de Playa, sector El Morro, parroquia Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. En el inmueble fueron localizadas 227 panelas de cocaína, con un peso total de 251 kilos con 97 gramos, según informaron en su momento las autoridades, entre ellas el entonces jefe de la Superintendencia Nacional Antidrogas, Richard Vargas López; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Elio Estrada; y el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral 52, Marco Tulio Álvarez.
Durante ese procedimiento fue detenido Óscar Rafael Méndez Suárez, de 53 años de edad, señalado como presunto responsable del tráfico del alijo incautado.
Cuatro años y medio después de ese hecho, en la primera semana de enero, fue detenido Omar de Jesús Medina, de 55 años, propietario del apartamento donde se halló la droga. La aprehensión se produjo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira. Medina es un empresario vinculado al negocio del maíz en Zaraza, estado Guárico, de donde emigró hacia Costa Rica hace más de 15 años.
Tras su detención, Medina fue trasladado al estado Anzoátegui, donde se instruye el procedimiento principal relacionado con el decomiso de la cocaína. Sin embargo, al verificar sus datos en el Sistema de Información Policial, no se encontraron registros policiales en su contra. El único antecedente reflejado es una denuncia interpuesta por el propio Medina ante el Cicpc de Zaraza el 10 de mayo de 2012, por el extravío de las placas de su vehículo.
Ante esta situación, funcionarios militares adscritos al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana se comunicaron con la fiscal 72 nacional contra drogas, Rosalba Hernández, quien manifestó desconocer el expediente. No obstante, los funcionarios ya habrían recabado elementos que presuntamente vinculaban a la fiscal con acciones orientadas a apartar a Medina de cualquier responsabilidad penal dentro del expediente relacionado con el decomiso de las 227 panelas de cocaína.
Dicha información fue elevada a las máximas autoridades del Ministerio Público, desde donde se gestionó la orden de aprehensión contra Hernández. Posteriormente, la exfiscal fue imputada y se le dictó medida de privación de libertad.
En paralelo, la Fiscalía Novena del estado Anzoátegui imputó a Omar Medina por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica de Drogas. El tribunal de control que conoció la causa aceptó la imputación y decretó su privativa de libertad, estableciendo como sitio de reclusión provisional el Comando Nacional Antidrogas.
Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros funcionarios del sistema de justicia que habrían cooperado con la fiscal Hernández, señalada de presuntamente favorecer al empresario Omar Medina.
