El Tribunal Supremo español ha confirmado que el cantautor Joaquín Sabina deberá pagar 2,5 millones de euros a la Hacienda española. Esta deuda corresponde a los ingresos no declarados por derechos de autor en los años 2008, 2009 y 2010.
La sentencia, que no admite apelación, rechaza el recurso presentado por el artista contra una sentencia de abril de 2022. La Audiencia Nacional española confirmó que las liquidaciones estaban de acuerdo con la ley. Para tomar esta decisión se tuvo en cuenta la declaración de los ingresos por derechos de autor y las tres sociedades del cantante.
Sabina había recurrido a la resolución del Tribunal económico-administrativo Central (TEAC) en 2019, que a su vez confirmó la del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en 2017. Estas resoluciones estaban relacionadas con la reclamación del cantante por la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en esos tres años, así como la sanción impuesta.
La sentencia de la Audiencia Nacional explicó que Sabina era socio mayoritario y administrador solidario de la entidad Ultramarinos Finos SL. Además, se descubrió que las cantidades percibidas en los periodos impositivos 2008, 2009 y 2010 como rendimientos de trabajo eran la contraprestación por la prestación de servicios artísticos.
Sabina había cedido los derechos de autor de su obra a otras dos sociedades, tanto la ya existente como las futuras. Según sus declaraciones tributarias, no recibía ninguna cantidad por esta cesión. Los ingresos de estas entidades provenían exclusivamente de la explotación de los derechos de autor mencionados.
Por estas razones, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el cantautor. Considera que no se ha fundamentado adecuadamente la existencia de los presupuestos necesarios para su admisión. Además, según la ley, no se aprecia un interés casacional objetivo ni la conveniencia de un pronunciamiento de esta Sala, según informó EFE.
