El Arco Minero del Orinoco (AMO) ha anulado la autodeterminación de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana, según ha sido denunciado en un comunicado firmado por defensores de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
El texto fue difundido por el abogado defensor de los pueblos originarios de Venezuela, Olnar Ortiz, según lo informado por Fe y Alegría Noticias.
De acuerdo con lo publicado, el comunicado se basa en un exhaustivo análisis del informe AHRC 53/54 de la resolución 59/21 emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El documento también deja claro que esta postura es asumida por los movimientos indígenas y está dirigida al Estado venezolano, a los distintos movimientos originarios de todo el país, a las organizaciones no gubernamentales y a la comunidad internacional.
El Arco Minero del Orinoco (AMO) ha tenido un impacto negativo en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. También ha tenido un impacto negativo en los derechos a la tierra, los territorios y los recursos, en los derechos ambientales, en el derecho a vivir en paz y seguridad.
En medio de todo este contexto, el Arco Minero ha afectado de manera negativa la economía, la cultura y toda la sociedad indígena de la Amazonía venezolana.
En el texto también se reitera la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Este consentimiento debe ser otorgado de buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos justo antes de la adopción o aplicación de cualquier decisión.
Sobre la reforestación anunciada por la FANB
Los pueblos indígenas de la Amazonía también cuestionan el último proyecto que estaría iniciando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el fin de presuntamente reforestar las zonas afectadas por la minería.
Los originarios cuestionan este proyecto por activarlo sin consulta previa, lo cual constituye una violación de los derechos indígenas. Sin embargo, no hacen ninguna objeción a la naturaleza del proyecto, sino a la forma en que se decidió ejecutar.
También denuncian la presencia de grupos de civiles armados que estarían implicados en delitos como la violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas.
De acuerdo con el texto, persisten los hostigamientos, amenazas, secuestros y desapariciones forzadas. Mientras ocurren todos estos delitos, el Estado no ha llevado a los responsables ante la justicia.
Con información de Fe y Alegría Noticias.
