La destitución judicial de la dirección de la Cruz Roja en Venezuela ha generado preocupación entre los activistas, quienes consideran que esto establece un «precedente peligroso» para las organizaciones independientes en un país en crisis y necesitado de ayuda humanitaria.
El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que ordenaba «la destitución» del presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, y del comité directivo, y designó al empresario Ricardo Cusanno como líder de una «junta reestructuradora ad hoc».
Esta medida fue tomada luego de que Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) después del presidente Nicolás Maduro, acusara a Villarroel de «conspirar» contra el mandatario y de tener una «actividad mafiosa» en la administración de los fondos.
«Se establece un precedente peligroso para el derecho a la libertad de asociación y reunión (…), con un juicio exprés en el que no hubo posibilidad de ejercer el derecho a la defensa», declaró Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA, a la AFP. «Aquí no estamos opinando sobre la inocencia o culpabilidad del señor Villarroel (…), hay un procedimiento absolutamente irregular».
Una semana antes, la Fiscalía abrió una investigación contra Villarroel, de 75 años y presidente de la Cruz Roja desde 1978, por denuncias de «acoso y maltrato» hacia voluntarios y trabajadores.
«Lo que suceda en los próximos meses en la Cruz Roja puede servir como guía para aplicarlo a otras organizaciones gremiales, profesionales, sociales, deportivas y, por supuesto, de derechos humanos o humanitarias», alertó la ONG Acceso a la Justicia en un comunicado.
Cusanno, expresidente de la patronal FEDECÁMARAS, se reunió el sábado con el secretario general saliente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Santimone. La organización publicó en redes sociales que tuvieron un diálogo fluido sobre la situación actual de la institución y manifestaron su disposición para trabajar juntos.
– ¿Ayuda humanitaria en peligro? –
«Aquí la clave es gestionar dinero», considera Uzcátegui.
El gobierno de Maduro y la oposición acordaron el año pasado en la mesa de negociaciones en México -que está congelada desde hace meses- liberar 3.000 millones de dólares bloqueados en el extranjero por sanciones para invertir en programas sociales.
«Naciones Unidas se ofreció a recibir esos 3.000 millones y eso generó un conflicto interno (…). Se va a promover que sea otra entidad, supuestamente independiente, como la Cruz Roja, la que reciba ese dinero y lo administre», planteó este activista como «hipótesis».
«El tema político, lamentablemente, muchas veces prevalece sobre la salud», lamentó Mauro Zambrano, sindicalista del sector sanitario.
«Hay muchos programas humanitarios que lleva la Cruz Roja» y «no sabemos qué va a suceder», dijo Zambrano a la AFP, quien pide más transparencia.
La junta reestructuradora, según la sentencia del TSJ, tendrá un período de un año prorrogable para la «reorganización» de la institución y convocar a «elecciones internas».
Cusanno anunció en un comunicado que solicitó el «acompañamiento» de la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja para «garantizar un proceso transparente». La AFP intentó, sin éxito, contactar al empresario.
– «Derrocar» a Maduro –
«Utilizan la institución para acumular poder», cuestionó Cabello en su programa de televisión estatal al atacar a Villarroel.
Un artículo publicado en el sitio web del programa de Cabello reiteró los señalamientos: «Esta organización trabaja junto a actores interesados en derrocar» a Maduro.
Cabello sostiene que la USAID, la agencia del gobierno de Estados Unidos para el desarrollo internacional, financia a organizaciones humanitarias en Venezuela para una «agenda de intervención».
El politólogo Ricardo Sucre dijo a la AFP que lo sucedido confirma que el gobierno está dispuesto a «actuar» contra cualquier organización «si percibe» que puede ir en su contra. «No le importa el costo en imagen», enfatizó.
Sucre resaltó que el Parlamento, controlado por el chavismo, está preparando una ley sobre el financiamiento de las ONG.
La ONU ha expresado su preocupación por esta legislación. Una misión designada para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela advirtió que esto podría representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático.
