Una investigación periodística revela cómo la zona fronteriza de Apure es permeable al delito de la extorsión, donde los comerciantes, ganaderos y migrantes son las principales víctimas.
«Más de 100.000 dólares anuales son recaudados por extorsionar a los migrantes pendulares y en tránsito y a los transportistas que deciden viajar hasta El Amparo, en el estado Apure, para cruzar el río Arauca y llegar a territorio colombiano».
La denuncia se hizo a través de una serie de reportajes producto de la investigación transfronteriza Apure-Arauca, Sociedad Anónima que recopila distintas aristas de la realidad de esa zona entre Colombia y Venezuela.
«El delito, aplicado por funcionarios militares y civiles venezolanos, es recurrente en cuatro alcabalas fijas que dependen de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército», señala la investigación.
«Estos cuatro puntos de control, así como otras alcabalas itinerantes, están ubicadas a lo largo de un trayecto de 100 kilómetros conocido como la ‘ruta extorsiva de Apure’, tramo de la carretera nacional venezolana Troncal 19, que conecta a San Fernando de Apure con la frontera binacional de El Amparo-Arauca», agrega.
La investigación
Entre enero y julio de 2023, un equipo de reporteros investigó el delito de la extorsión en la frontera binacional del estado Apure, Venezuela con Arauca, Colombia y logró cuantificar los ingresos estimados por el «impuesto de guerra» en Colombia, las «colaboraciones» y la «vacuna» en Venezuela, que obtienen los grupos armados irregulares colombianos, así como por la «matraca» que perciben funcionarios militares y civiles venezolanos.
En la investigación transfronteriza Apure-Arauca, Sociedad Anónima, se dan conocer detalles del modus operandi, casos de extorsión en los puntos de control al ciudadano en este tramo fronterizo, así como también ha influido el flujo migratorio en esta dinámica criminal.
La investigación transfronteriza devela que la dinámica delictiva en esta área geográfica se ha naturalizado y ha dado origen a una «ruta extorsiva» difícil de evadir.
Se trata de un tramo de 100 kilómetros de carretera que parte, desde la «Y de Dayco», sector donde se origina el municipio José Antonio Páez que conecta a las comunidades intermedias de Totumito, Palmarito y Guasdualito con El Amparo.
En este eje carretero se ubican las alcabalas fijas y, con frecuencia se instalan algunas móviles, que los migrantes pendulares y en tránsito, así como los transportistas de pasajeros y mercancías, señalan como lugares fijos de extorsión. ¿Los victimarios? Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, militares y civiles.
Los hallazgos son parte del proyecto transfronterizo «Apure-Arauca, Sociedad Anónima», investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR).
Para este trabajo se hicieron 60 entrevistas (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), entre víctimas, testigos y especialistas, quienes por razones de seguridad exigieron no revelar sus identidades.
En los últimos 100 kilómetros de los 450 de la carretera nacional Troncal 19 que conecta a San Fernando, la capital de Apure con El Amparo, último pueblo de Venezuela antes de cruzar la frontera, se encuentran las cuatro alcabalas o PAC con mayor incidencia de extorsión, por eso, a ese tramo de la vía ubicado dentro del municipio José Antonio Páez, cuya capital es Guasdualito, se le conoce como la «ruta extorsiva». Esta práctica ilegal genera, puede superar los 100 mil dólares al año.
Los ganaderos, a los productores de arroz, a las empresas contratistas del Estado y a los comerciantes, en ambos lados del río Arauca, también resultan perjudicados por la extorsión, sobre todo de parte de irregulares colombianos del ELN y de las disidencias de las Farc, además de funcionarios militares, grupos irregulares y civiles venezolanos.
El sector más perjudicado por esta economía ilegal es el ganadero a ambos lados del río Arauca, que atraviesa esta frontera colombo-venezolana. Hasta los primeros cinco meses de 2022, los ganaderos del municipio José Antonio Páez, de Apure, eran los más perjudicados; los extorsionaba el ELN, las disidencias FARC, la guerrilla venezolana Fuerzas Armadas de Liberación (FBL) e, incluso, los propios efectivos militares y funcionarios civiles venezolanos.
