El Ministerio de Interior y Justicia definió la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro como un operativo destinado a «desmantelar y poner fin» a las bandas delictivas que operan en la cárcel de Tocorón. Sin embargo, los líderes del penal y supuestos cabecillas de la megabanda conocida como Tren de Aragua no fueron detenidos, y hasta ahora no se ha informado sobre su paradero.
El despliegue de 11 mil funcionarios policiales y militares en el operativo ha estado rodeado de hermetismo y falta de información. Según Luis Izquiel, abogado, criminólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, el operativo ha sido infructuoso, ya que no lograron cumplir su objetivo principal de acabar con el reinado criminal de la megabanda.
Se ha informado extraoficialmente que los cabecillas de la organización criminal habían huido días antes del penal de Tocorón y aún no han sido capturados. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha afirmado que fueron los pranes quienes entregaron el penal a las autoridades.
Marco Ruiz, experto en investigación criminal y exfuncionario de la extinta PTJ, indicó que la captura de los principales cabecillas de la megabanda no se dio debido a una fuga de información a un alto nivel político. Se desconoce el paradero del líder criminal Niño Guerrero, pero se ha especulado que podría estar en Perú o Colombia.
Dentro de Tocorón se encontraron excentricidades como un zoológico, máquinas para minar bitcoins, piscinas, armamento de guerra, una cochinera y un estadio. Según Izquiel y Ruiz, los principales responsables de lo que ocurría en la cárcel eran los ministros de Justicia, de Servicios Penitenciarios, el comandante de la Guardia Nacional y el director de ese centro carcelario.
A pesar del despliegue policial y militar, las autoridades no lograron capturar al líder criminal Niño Guerrero. Expertos señalan que un operativo de tal magnitud debe ser llevado a cabo por un cuerpo de seguridad único, con trabajo de inteligencia y vigilancia diarias hasta culminar la incursión.
El cierre de la cárcel de Tocorón podría generar más hacinamiento en otros centros penitenciarios. Izquiel advierte que trasladar el problema de una cárcel a otra no resolverá el problema.
