La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México discutirá el próximo 11 de octubre el proyecto de la ministra Ponente Yasmín Esquivel, que propone sobreseer el amparo 606/2022, interpuesto por la ONG mexicana Fundación para la Justicia. Dicho amparo busca impugnar la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, firmada en junio de 2019, la cual ha sido considerada violatoria de los derechos de las personas migrantes al permitir la aplicación de leyes estadounidenses en territorio mexicano.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), ha manifestado su preocupación por posibles irregularidades en un proyecto de resolución que se discutirá en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionado con la política migratoria en México.
La inquietud de Delgadillo se centra en la Declaración Conjunta México-Estados Unidos, un acuerdo que México firmó con Estados Unidos en 2019 para abordar el flujo migratorio. Según la directora de la FJEDD, este acuerdo establece medidas como la expansión del programa estadounidense «Quédate en México» y la implementación de una mayor contención de migrantes por parte de la Guardia Nacional, por lo que la ONG ha interpuesto un amparo considerando que dicho acuerdo es ilegal.
Delgadillo ha señalado que el juez de distrito inicialmente rechazó el amparo presentado por la FJEDD sin analizar adecuadamente el caso ni escuchar a todas las partes involucradas. Tras impugnar esta respuesta, el caso fue elevado a un colegiado de jueces y luego a la SCJN.
La directora de la FJEDD ha hecho un llamado a los ministros y ministras de la Segunda Sala de la SCJN para que reconsideren el proyecto de resolución elaborado por la ministra Yazmín Esquivel, el cual propone rechazar el amparo al considerar que no existe una obligación explícita por parte de los gobiernos de cumplir con las medidas pactadas.
La ONG mexicana argumenta que las posturas de la magistrada son contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México. Además, consideran que el acuerdo migratorio no puede ser tratado como un simple «acuerdo político» o política exterior, debido a los efectos que ha tenido su aplicación en el país, como la contención de miles de migrantes solicitantes de asilo en condiciones inhumanas y el despliegue de elementos militares para el control migratorio.
La Fundación para la Justicia considera «un fraude a la Constitución Mexicana» el proyecto de sentencia de la ministra Yazmin Esquivel, ya que sostiene que la Declaración Conjunta entre Estados Unidos y México es solo un acuerdo político y, por lo tanto, no tiene carácter obligatorio como un tratado internacional.
Con información de efectococuyo.com
