Braulio Jatar: Monsalve, el mismo que firma con Maduro, dio pensiones de gracia a delincuentes en Chile.
La Contraloría General de la República, saca a la luz graves errores en la asignación de pensiones vitalicias a delincuentes durante el estallido social de 2019. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha reconocido los errores, describiéndolos como «graves» y admitiendo que «nunca deberían haber ocurrido».
Errores Confesados
Según el informe, 58 de los 419 beneficiarios de las pensiones de gracia tienen antecedentes penales por delitos violentos, como estafas, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y violencia intrafamiliar, algunos con hasta 10 condenas. Además, se ha señalado que los expedientes de 19 beneficiarios no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos eran poco legibles o contradictorios.
Reacciones Políticas:
La oposición ha reaccionado con fuerza ante estas revelaciones. El diputado Henry Leal (UDI) ha anunciado que la bancada iniciará un procedimiento para destituir a los consejeros del INDH involucrados, y Diego Schalper (RN) ha cuestionado la continuidad de Monsalve en su puesto, sugiriendo que su gestión ha estado comprometida.
Monsalve fue a Venezuela y firmó una serie de acuerdos con el gobierno de Maduro en Venezuela, lo que aumenta la polémica en torno a su figura. Este hecho ha sido destacado por Braulio Jatar, quien ha criticado el procedimiento para las pensiones relacionadas con el estallido social en Chile, calificándolo de «opaco e injusto».
Debate y Consecuencias:
La diputada Lorena Fries (CS), ex directora del INDH, ha expresado preocupación por la gestión administrativa deficiente y ha llamado a reparar las falencias a través de medidas disciplinarias, manteniendo la importancia de la reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Mientras la Contraloría ha establecido que las pensiones de gracia pueden ser revocadas por el Presidente, el gobierno aún debe tomar medidas para rectificar los errores y asegurar la justicia para las víctimas reales del estallido social.
