Un juez estadounidense detiene la implementación de una controvertida ley en Texas que autoriza a las autoridades policiales a detener y deportar a los migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, según informaron los demandantes.
La ley, programada para entrar en vigencia el próximo lunes, ha sido temporalmente suspendida, convirtiéndose en una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de Estados Unidos.
Defensores de los migrantes han expresado su preocupación de que esta ley fomente la discriminación racial, particularmente contra la comunidad hispana.
La ACLU y otros grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra la ley en diciembre pasado, apenas días después de que fuera firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, principal impulsor de la medida.
Los demandantes argumentan que la ley es inconstitucional al violar la primacía de la ley federal sobre la inmigración en Estados Unidos, frente a las medidas estatales.
La ley convierte en delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado desde otro país, con penas más severas para reincidentes, llegando incluso a 20 años de prisión.
Además, permite a la justicia estatal ordenar la deportación sin proceso legal, y otorga a la policía la autoridad de arrestar y deportar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país, incluso sin llevarlas a juicio.
Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU, afirmó que la decisión del tribunal federal confirma la ilegalidad de la medida, mientras que Edna Yang de American Gateways señaló que la solución a los problemas del sistema de inmigración debe ser a través de la acción del Congreso federal, no de los estados.
La suspensión temporal emitida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas coincide con las visitas del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump a la frontera sur del estado, ambos centrando sus campañas electorales en temas de inmigración.
Se espera que el Gobierno de Texas apele la decisión de la corte, mientras que la ley ha generado rechazo por parte de gobiernos locales como el de El Paso, que se unió a la demanda.
Iliana Holguín, comisionada de El Paso, elogió la decisión de la corte y expresó su preocupación por los posibles impactos negativos que la ley podría tener en los residentes fronterizos.
Con información de Efecto Cocuyo
