Los abogados del Comando Con Vzla, Tamara Bechar, Omar Mora Tosta y Perkins Rocha, manifestaron su preocupación por la reciente oleada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro contra miembros del equipo de campaña y la sociedad civil en diferentes regiones del país. Instaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar la transparencia del proceso electoral del 28 de julio.
«La responsabilidad de llevar a cabo una campaña limpia recae en sus manos. Venezuela desea apoyarlos en esta gesta patriótica, pero no pueden permitir lo que está ocurriendo en el país en este momento. No permitan que un factor ensucie y obstaculice el proceso», expresó Rocha.
El asesor legal del Comando Con Vzla ante el CNE también denunció la violación de los derechos políticos y el uso de recursos estatales para favorecer a una de las campañas, así como la participación de funcionarios públicos en acciones intimidatorias y generadoras de temor.
«Le tenemos malas noticias al régimen: la intimidación contra nuestra gente no está surtiendo efecto, lo vimos en Valencia. A pesar de los obstáculos, hemos elegido seguir adelante. Por cada ciudadano despojado o intimidado, hay 20, 30, 100 ciudadanos dispuestos a llegar hasta el final», afirmó.
Además, hizo un llamado a los funcionarios públicos que están cometiendo estos actos delictivos, recordándoles que las órdenes superiores no justifican su mal proceder, mientras instaba a los venezolanos a participar masivamente en todas las actividades de campaña en las próximas dos semanas.
«El 28 de julio sabemos cuándo ingresamos para votar, pero no cuándo saldremos. El mensaje para los venezolanos es que no deben rendirse hasta que tengan la certeza en sus manos de que serán libres», agregó.
Detenciones, amenazas y persecución
En el informe presentado por los abogados se confirmó la detención en la Clínica La Viña de Valencia de los ciudadanos Néstor Viloria, Elisaul Rodríguez y Mire Aguilar, quienes son responsables del vehículo en el que se movilizaban María Corina Machado y Edmundo González en Carabobo.
También denunciaron la participación de varios funcionarios públicos de la Alcaldía de Mariño en el estado Aragua, así como del Consejo Legislativo de esa misma entidad, en un acto de agresión verbal en un establecimiento de comida en La Encrucijada, donde se encontraban María Corina y Edmundo González el sábado pasado. Los funcionarios involucrados fueron identificados como Texalia Vaquero Rojas, María Lizaida, Yulianyes Salcedo y Nardy Martínez.
La abogada Tamara Bechar describió este incidente en Aragua como una situación teatral que alerta sobre la persecución política en el país, señalando que las mujeres de la oposición venezolana son las principales perseguidas.
Además, se rechazó la detención de Ángel Aristimuño, miembro del Comando Con Vzla y presidente de Un Nuevo Tiempo en Monagas; de Denys Martínez y César Tiapa, dirigentes de Vente Venezuela y Copei, respectivamente, en Anaco, estado Anzoátegui; y de las miembros del Comando Con Vzla en Guanare, Portuguesa, Mary Rodríguez y Mayra Montilla.
Caso Ricardo Albacete
Por otro lado, el abogado Omar Mora Tosta abordó el caso del empresario Ricardo Albacete, de Táchira, detenido en Caracas y acusado de sustracción de materiales estatales, calificándolo como un evento oscuro en la justicia venezolana.
«Gurimetal es una empresa con muchos años de tradición en el uso de metales, por lo que es natural encontrar metales en sus instalaciones. Ricardo Albacete, un hombre honorable de 72 años, fue sometido a una audiencia de 12 horas en el Palacio de Justicia sin la presencia de sus abogados. Se le debía otorgar arresto domiciliario debido a su avanzada edad y su historial intachable», explicó Mora Tosta.
