La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 16 funcionarios venezolanos que han sido identificados como parte del grupo involucrado en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria por parte de Maduro, así como en la brutal represión de la libertad de expresión tras las elecciones, a pesar de la abrumadora demanda de cambio por parte de los venezolanos.
Entre los sancionados se encuentran varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), liderados por la presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez, la vicepresidenta Fanny Beatriz Márquez Cordero, y los magistrados Malaquías Gil Rodríguez, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Juan Carlos Hidalgo Pandares.
Otros funcionarios sancionados incluyen al juez Edward Miguel Briceño Cisneros, al fiscal nacional número 58 Luis Ernesto Dueñez Reyes, a la fiscal Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, así como a altos mandos militares como Domingo Hernández Lárez, Elio Estrada Paredes y Johan Alexander Hernández Larez.
Además, las sanciones se extienden al Consejo Nacional Electoral (CNE), afectando a la rectora principal Rosalba Gil Pacheco y al secretario del organismo comicial, Antonio José Meneses Rodríguez.
Funcionarios de inteligencia sancionados por EEUU
Entre los sancionados también se encuentran Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dgcim, y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Además, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2020, ha sido sancionado por liderar la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO.
Estas medidas, según el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo, están dirigidas contra personas alineadas con Maduro en el CNE y el TSJ que impidieron un proceso electoral transparente, así como contra funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión en Venezuela.
Las sanciones implican la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de entidades estadounidenses de relacionarse con los funcionarios designados. Se advierte que cualquier transacción con estas personas sancionadas puede resultar en sanciones o medidas coercitivas.
