Las tensiones entre los gobiernos de España y el de Nicolás Maduro se intensificaron tras la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de romper relaciones con el país ibérico. Esto ocurrió luego de que el Congreso de los Diputados aprobara reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Aunque la resolución del Parlamento español no es vinculante, ya que la decisión final recae en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha descartado reconocer a González Urrutia al margen de la Unión Europea; Rodríguez respondió con la amenaza de romper relaciones con España.
Las primeras reacciones desde el gobierno español han sido de aparente calma. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró que la embajada de España en Venezuela está operando con normalidad y que el interés del gobierno es mantener la estabilidad en las relaciones bilaterales.
Posibles consecuencias
La ruptura de relaciones diplomáticas entre dos países implica el cierre de embajadas y consulados, lo que dificultaría los trámites para ciudadanos de ambas naciones. En Venezuela, residen más de 130,000 personas con pasaporte español y se estima que más de 400,000 venezolanos han migrado a España.
Además, al menos hasta julio de 2024, más de 120 empresas españolas tienen presencia en Venezuela, con inversiones que rondan los 500 millones de euros. La propuesta de la AN podría afectar las operaciones de aerolíneas como Estelar, Plus Ultra, Iberia, TAP Air Portugal y Conviasa, dejando a miles de pasajeros sin conexión aérea entre ambos países.
No es posición oficial
Según la internacionalista Mirna Yonis, la decisión del Parlamento español no representa una posición oficial del Estado español ni del presidente Sánchez. Destaca que la diatriba política en Venezuela y la coalición de gobierno en España influyen en este tipo de pronunciamientos.
Otros países
El gobierno de Nicolás Maduro anunció un cese diplomático con varios países de Latinoamérica tras cuestionamientos a su reelección. Se retiró el personal diplomático de embajadas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, exigiendo a estos países retirar sus representantes del territorio venezolano.
