La Asamblea Nacional de 2020, controlada por el chavismo, convocó el martes a un diálogo político que comenzará el próximo jueves para ajustar la legislación electoral de cara a las elecciones regionales programadas para 2025. Esta iniciativa surge en medio de la crisis política desencadenada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó en sesión plenaria que el objetivo es iniciar un diálogo político con los partidos y grupos de electores que participaron en las elecciones presidenciales para recopilar ideas y propuestas que darán forma a un nuevo marco legal que regirá los próximos eventos electorales.
«Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato o candidata a absolutamente ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más», enfatizó Rodríguez.
Qué reformas electorales realizará la Asamblea Nacional
Rodríguez, quien presidirá la comisión especial del Parlamento encargada de este diálogo político, señaló que entre las leyes que se revisarán se encuentran las que regulan la actividad de los partidos políticos y las manifestaciones públicas, los procesos electorales y la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«El que no quiera venir no hace falta (…) pero después no se vaya a ir a chillar», agregó Rodríguez. También adelantó que al proceso de revisión se incorporará personal del CNE y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dos instituciones cuestionadas por la principal coalición opositora y por la comunidad internacional.
«Tiene que acabarse de una vez y para siempre la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra la vida de las personas, contra los bienes de la república, contra el sagrado territorio de la república», enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional.
La principal coalición opositora ha denunciado fraude en las elecciones presidenciales y asegura que su candidato ganó esos comicios, un reclamo respaldado por numerosos países que se niegan a reconocer la victoria del presidente Maduro hasta que el CNE publique los resultados desagregados, como establece su normativa.
