La tensión política en Venezuela se ha intensificado esta semana en Maracaibo, donde la detención del alcalde, Rafael Ramírez Colina, y otros funcionarios municipales pertenecientes al partido Primero Justicia ha generado preocupación sobre el Estado de derecho en el país.
El alcalde Rafael Ramírez Colina fue arrestado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el pasado martes 1 de octubre. Junto a él, también fueron detenidos la directora de la Alcaldía de Maracaibo, Betty Ramos, el secretario de Seguridad Ciudadana, David Barroso, otro funcionario no identificado y dos escoltas. Horas después, otro colaborador, el director de relaciones interinstitucionales de la Alcaldía, Luis Alberto Buchi, fue allanado en su residencia.
La Fiscalía, a cargo de Tarek William Saab, anunció que Ramírez Colina y otros colaboradores serán presentados ante un tribunal para enfrentar cargos relacionados con corrupción. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, acusó al alcalde Ramírez de desviar impuestos hacia partidos de extrema derecha.
La concejal Jessy Gascón, jefa de la fracción del Gran Polo Patriótico en el Concejo Municipal de Maracaibo, reveló que existen denuncias presentadas ante la Contraloría Municipal que llevaron a la detención del alcalde. Gascón asegura que el presidente del Concejo Municipal, José Bermúdez, también ha sido denunciado y que estas acusaciones están siendo investigadas.
Informes de medios regionales indican que la sede de la Alcaldía de Maracaibo permanece cerrada, generando incertidumbre entre los trabajadores municipales sobre su futuro. Rafael Ramírez Colina había solicitado previamente la liberación de Pedro Guanipa, jefe de su despacho, quien fue detenido sin cometer delito, según el alcalde.
El mecanismo para sustituir al alcalde está establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que señala que en casos de detención judicial, el funcionario designado por el Concejo Municipal asumirá la suplencia.
