En la Asamblea Nacional del 2020, se han presentado diversas propuestas de reformas electorales para modificar las leyes del Poder Electoral (LOPE), Procesos Electorales (Lopre) y Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. La mayoría del chavismo tiene la última palabra sobre qué modificaciones se implementarán antes del 15 de diciembre de 2024, de cara a las elecciones del 2025.
Entre las propuestas, se plantea la inhabilitación de candidaturas consideradas «fascistas» y la limitación de la observación electoral internacional independiente. Sin embargo, una idea que ha llamado la atención es la posibilidad de que los expresidentes adquieran el rango de diputado vitalicio como una opción para facilitar transiciones y reducir costos en un contexto político convulso.
El diputado Aníbal Sánchez, miembro de la comisión de diálogo por El Cambio, destacó la necesidad de una figura que brinde cierta inmunidad a los exmandatarios como parte de un proceso de transición política. Se menciona el ejemplo de Chile con Augusto Pinochet, donde se ofrecieron garantías y acuerdos de paz a cambio de la salida del poder.
Anteriormente, la Constitución de 1961 contemplaba que los expresidentes se convirtieran en senadores vitalicios como un gesto de honor. Sin embargo, esta figura fue eliminada en la Constitución de 1999. La discusión actual gira en torno a la inclusión y la necesidad de reformas político-electorales que permitan una transición democrática en Venezuela.
El politólogo Jesús Castellanos Vásquez destaca la importancia de repensar el sistema electoral para promover un mayor pluralismo y garantizar la inclusión de todas las corrientes políticas en el país. Se plantea la posibilidad de reintroducir la bicameralidad en el Poder Legislativo y limitar la reelección indefinida como parte de las reformas necesarias.
En medio de estas discusiones, surge el debate sobre una posible amnistía general para quienes abandonen el poder a cambio de garantías. Sin embargo, la idea enfrenta críticas debido a la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país. La figura del diputado vitalicio se plantea como parte de un mecanismo de negociación complejo en el proceso de transición política en Venezuela.
