El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rubricó este viernes la ley que establece penas de entre 25 y 30 años de cárcel para aquellos individuos que promuevan o estén involucrados, de cualquier forma, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y a las «autoridades» del Estado.
«Procedo a firmar la ley orgánica que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar en contra del bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y la felicidad», manifestó Maduro durante un acto transmitido por televisión.
El mandatario señaló que esta legislación surge luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a las instituciones federales del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas con vínculos comerciales con el Gobierno chavista.
«Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional debatieron una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo y venceremos, todas las amenazas y bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países aliados», agregó.
La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, aprobada por unanimidad el jueves, también contempla multas de hasta un millón de euros (equivalente a 1.055.680 dólares) para aquellos individuos que promuevan o estén relacionados con las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno.
La normativa, aprobada por unanimidad, incluye la inhabilitación política por 60 años para quienes cometan estos «delitos», lo que les impedirá optar por cargos públicos o de elección popular.
Además, aquellos que hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchos de ellos sancionados por otros países, no podrán participar en elecciones.
Los medios de comunicación que difundan mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán sancionados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma.
La Ley considera a las sanciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, tras recibir el país más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, de acuerdo a datos del Gobierno.
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