En declaraciones recientes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, informó que un total de 52.288 ciudadanos se han postulado como candidatos para las elecciones de jueces de paz comunal que se llevarán a cabo en todo el país el próximo 15 de diciembre.
En un acto celebrado en la Casa Guzmán Blanco de Antímano, Rodríguez, quien también lidera la comisión electoral nacional, recordó que se elegirán un total de 15.000 jueces de paz en los 5.297 circuitos comunales definidos para la elección, conformados por comunas, Consejos Comunales y movimientos sociales.
Arranca la campaña electoral
Además, informó que la campaña electoral, en la que los candidatos deben presentarse ante los electores y exponer sus propuestas, arrancó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. Rodríguez alentó a los candidatos a utilizar las redes sociales como una herramienta para expresarse y llegar a un mayor número de personas.
El líder de la AN destacó que la elección directa y secreta de los jueces de paz comunal será un hito en la vida cotidiana de las comunidades, y resaltó la importancia de esta revolución judicial que ya estaba contemplada en la Constitución de 1999.
La campaña electoral incluirá despliegue de afiches, visitas casa por casa, perifoneo, volanteo, debates y participación en radios comunitarias, culminando con caminatas y asambleas el 13 de diciembre.
Por la paz y la justicia
Rodríguez enfatizó que los únicos requisitos para votar en este proceso, que contará con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), son ser mayor de 15 años y presentar la cédula de identidad laminada. En cada circuito, se podrán elegir hasta tres candidatos, y el juez de paz principal será aquel con la mayor cantidad de votos, seguido por el suplente.
El objetivo de estos jueces de paz es mantener la armonía en las comunidades y prevenir la escalada de conflictos, basando su labor en la conciliación, proximidad y simplicidad. Sin embargo, expertos han expresado preocupación por la posible utilización de estos cargos para profundizar el control social en las comunidades, con cuadros políticos del Psuv que podrían no impartir justicia de manera imparcial.
