La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el asedio policial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro contra la embajada de Argentina en Caracas. Seis políticos opositores se encuentran refugiados en esta sede diplomática, la cual ha sido objeto de hostigamientos y cortes deliberados de servicios básicos como electricidad y agua. Este martes 10 de diciembre, la CIDH emitió un comunicado expresando su preocupación por el patrón de persecución judicial y detenciones arbitrarias contra opositores políticos, instando al Estado a poner fin a estas acciones y a emitir salvoconductos para los refugiados.
Las autoridades del gobierno de Maduro, a través del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, han calificado el asedio a la embajada argentina como una «farsa». Sin embargo, los asilados han reportado dificultades para acceder a servicios básicos y alimentos. Entre los refugiados se encuentran seis personas implicadas en un presunto plan para generar violencia en el país y obstaculizar las elecciones presidenciales. Dos colaboradores cercanos de la líder opositora permanecen detenidos en calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Argentina, Paraguay y Uruguay han solicitado el cese del acoso y la entrega de salvoconductos para que los seis venezolanos puedan abandonar el país. Costa Rica se ha unido a esta petición y la Organización de Naciones Unidas ha recordado los principios de protección e inviolabilidad de las sedes diplomáticas. María Corina Machado, líder opositora, ha cuestionado la falta de pronunciamiento del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela ante estos hechos, calificando el asedio como un acto de guerra contra Argentina y Brasil.
En un evento virtual desde Madrid, Machado instó al cuerpo diplomático y a la comunidad internacional a alzar la voz en defensa de los derechos de los refugiados en la embajada argentina. La situación ha generado preocupación a nivel internacional y se espera una pronta resolución por parte de las autoridades venezolanas para garantizar la seguridad y libertad de los políticos opositores refugiados en la sede diplomática.
