En menos de tres meses se ha registrado la detención de un segundo alcalde en el estado Zulia. Primero fue el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez de Primero Justicia (PJ), y ahora es el turno del alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf de Un Nuevo Tiempo (UNT), partido liderado por el gobernador Manuel Rosales.
Dirigentes opositores consultados por Efecto Cocuyo condenaron esta nueva detención y expresaron su preocupación por el mensaje de control político que el gobierno envía a uno de los principales bastiones opositores en Venezuela. Además, temen por el destino del mandatario regional.
El politólogo Luis Remiro advirtió que nuevamente se desconoce la voluntad popular al destituir a autoridades electas por vía judicial y sin respetar el debido proceso, establecido en la Constitución. Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mencionó que el alcalde de Cabimas fue detenido por presunta corrupción administrativa y por dirigir una red de extorsión.
Esta detención se interpreta como un mensaje político al gobernador y a la dirigencia política del Zulia, con el objetivo de amedrentar y desviar la atención de eventos recientes. José Hernández, miembro de UNT, señaló que estas acciones buscan controlar a la oposición y evitar la posible reelección de Rosales en las elecciones regionales de 2025.
El alcalde de Cabimas fue arrestado el 10 de diciembre, y se difundió un video en redes sociales mostrando el momento en que era subido a un vehículo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Posteriormente, la sede de la Alcaldía fue tomada por efectivos del Sebin.
Líderes de Primero Justicia como Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa condenaron el hecho, mientras que Rosales fue criticado en redes sociales por celebrar tres años en el cargo sin mencionar a Maalouf, a pesar de ser parte de su propio partido.
La detención del alcalde de Cabimas no solo representa un irrespeto a la voluntad popular, sino que también refleja la constante persecución y control político en Venezuela. Esta situación se exacerba tras las elecciones presidenciales, donde se han dado detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
Otro aspecto a considerar es la serie de detenciones e inhabilitaciones de alcaldes que han apoyado a candidatos opositores en distintas regiones del país. Estas acciones ponen en evidencia la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al poder político central y la falta de respeto a la democracia y al estado de derecho.
