Hace 25 años, el 15 de diciembre, se celebró el referendo que aprobó la Constitución nacida de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, convocada por el entonces presidente Hugo Chávez para refundar la República.
Sin embargo, a lo largo de más de dos décadas, defensores de derechos humanos consideran que esta Carta Magna, enmendada en 2009, ha sido violada repetidamente, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. La sociedad venezolana, a pesar de contar con una Constitución repleta de derechos sociales, económicos, individuales y políticos, se encuentra en una situación en la que se ven vulnerados esos mismos derechos, debido a la falta de un Poder Judicial independiente que los haga valer.
Uno de los artículos más vulnerados es el 49, que establece el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Esta violación se hace evidente en casos de presos políticos y en inhabilitaciones políticas arbitrarias. La independencia de poderes, consagrada en el artículo 254, es otra norma ignorada en los gobiernos chavistas.
La tortura, prohibida por el artículo 46, se ha utilizado en detenciones de manifestantes y opositores políticos, siendo investigada como crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. La violación del artículo 5, que establece la soberanía popular, se evidenció en las elecciones de 2020, donde se desconoció la voluntad expresada en las urnas.
La aprobación de leyes como la Ley Libertador Simón Bolívar y la Ley contra las Organizaciones no Gubernamentales ha empeorado la situación de derechos humanos en el país. Estas leyes, que establecen penas arbitrarias y limitan la libertad de expresión, son consideradas violatorias de la Constitución.
En resumen, la Constitución de 1999, que prometía una refundación de la República, ha sido ignorada y vulnerada en múltiples aspectos, lo que ha llevado a una situación precaria en materia de derechos humanos y estado de derecho en Venezuela.
