Ismael, Josué, Saúl, y Steven salieron a jugar un partido de fútbol el 8 de diciembre y no regresaron a sus casas. En los últimos días, ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para que entregue información sobre el caso, tras dos semanas de silencio. Noboa dijo este lunes que es prematuro hablar de una «desaparición forzada», como la familia de los jóvenes, organizaciones de derechos humanos y opositores están calificando el caso.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional llamó a comparecer al ministro de Defensa y a dos mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido. El mandatario expresó que sugirió a una comisión que los cuatro chicos «sean considerados como héroes nacionales» y aseguró que no encubrirán a nadie, investigando en qué período hubo un operativo militar y en qué período desaparecieron.
Este lunes, hubo un plantón en las afueras de la Fiscalía de Guayaquil, donde decenas de personas exigieron conocer el paradero de los menores desaparecidos. Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, dos de los chicos desaparecidos, expresó su total devastación. La madre de Ismael y Josué, Katy Bustos, tiene la esperanza de que sus hijos estén vivos y ha mantenido sus uniformes escolares planchados para su regreso a la escuela.
Durante el fin de semana, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, atribuyó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales». Sin embargo, el lunes, Loffredo reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla militar en el Mall del Sur. Organizaciones de derechos humanos exigen que el caso se investigue como desaparición forzada y que los militares involucrados sean procesados penalmente.
El país se encuentra en un estado de militarización, especialmente desde que el gobierno de Noboa sacó a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado a principios de 2024. Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero, en un contexto donde el caso de los cuatro menores desaparecidos podría influir en sus aspiraciones presidenciales. La presión ciudadana ha aumentado, exigiendo transparencia y respuestas sobre la desaparición de los jóvenes.
